Explotación laboral en BC

La trata en Baja California es una realidad desde hace décadas, pero, nuestras autoridades y nosotros como sociedad lo hemos normalizado, claramente entendemos que es un delito, el problema es que no lo dimensionamos ni lo atendemos con seriedad.

De acuerdo a datos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Estado (CICTP), Baja California ocupa el tercer lugar nacional en incidencia de trata de personas, principalmente en explotación con fines sexuales.

Durante los primeros nueve meses del año se han denunciado ante la Fiscalía cerca de 30 casos y han logrado sentenciar a dos hombres por este delito. En 2022 hubo dos personas sentenciadas:
un hombre de 22 años de edad y otro de 20 años. Sin duda alguna son muy pocas denuncias, expedientes y sentencias por este grave delito ante la magnitud de la problemática. Tan minimizado por la Fiscalía y Gobierno estatal se encuentra este delito que apenas desde el 2019 se empezaron a judicializar casos y ocho años después de creada una ley estatal fue instalada la CICTP que hoy encabeza Gabriela Navarro Peraza. Es decir, tenemos instituciones, presupuesto para echar andar programas, especialistas para encabezar los trabajos y vivimos en una entidad que está en el top 3, y al día de hoy carecemos de una política pública transversal e Interinstitucional para combatir la trata.

Sin embargo, solamente nos estamos enfocando en la trata con fines sexuales, y estamos dejando a un lado la explotación laboral, principalmente la que se vive en el municipio olvidado y pobre de
San Quintín.

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¿Hacia dónde vamos?

Un trabajo de investigación de Lindero Norte sostiene que en San Quintín persiste una explotación e irregularidad laboral que sufren las y los jornaleros que laboran para las empresas agrícolas
en este Valle ubicado al sur de Baja California. Incluso, la diputada local Evelyn Sánchez advirtió que la problemática laboral de este tipo de trabajadores indígenas y no indígenas, es una constante que lleva décadas sin ser atendida pese a las recomendaciones 2/2017, 15/2018 y 202/2022 de la CNDH y la información requerida al Gobierno de México y al de Baja California, al IMSS y a la FGR.

Por ejemplo, en una jornada laboral promedio se registran ocho horas de pizca, en las cuales se logran llenar 35 cubetas pagadas a 180 pesos, después de esta cantidad, cada cubeta es pagada a un peso extra por cada bote que logre rellenar.

En la actualidad laboran en el Valle de San Quintín hasta 80 mil jornalerxs en temporada alta, con una alta proporción de personas indígenas, de los cuales un 46% habla una lengua indígena, lo que representa un porcentaje tres veces superior a la media nacional.

Recientemente el Congreso del Estado exhortó por unanimidad a la Secretaría del Trabajo para que realice una investigación respecto a las condiciones laborales de los trabajadorxs del agro en San Quintín.

Por fin, se reconoce que las violaciones laborales más recurrentes a que son sujetas los y las trabajadoras agrícolas es que los patrones no los inscriben en el Seguro Social, no les pagan las horas extras y los despiden injustificadamente, así como el hostigamiento y acoso sexual a las jornaleras.

Según el Diagnóstico Trata de Personas con Fines Laborales de la organización Polaris estableció que durante la pandemia se quintuplicó el porcentaje de víctimas de trata con fines de explotación
laboral en México. El estudio indica que la maquila, la construcción,la minería no sindicalizada, la agricultura y el trabajo del hogar son las ocupaciones con mayor incidencia de explotación laboral.

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Messifóbicos

En 2015 se vivió la "primavera jornalera" en San Quintín con la rebelión de las y los trabajadores del campo. En aquel 17 de marzo fue tomada la transpeninsular y le estalló el problema a "Kiko" Vega, que afortunadamente estaba Juanita Pérez Floriano (de las pocas buenas funcionarixs de ese gabinete), quien terminó por mediar y resolver. Entre los abogados que asesoraron a las y los campesinos fue Arturo Alcalde Justiniani, padre de la hoy titular de SEGOB, María Luisa Alcalde.

Poco o nada cambió desde ese entonces en San Quintín, ni con todas las visitas de AMLO y mucho menos con la retórica de Bonilla.

La protección política a los agroindustriales millonarios de esta zona es la respuesta de la explotación laboral que persiste en San Quintín, cada vez más perfeccionada y con nuevos mecanismos tras la reforma lopezobradorista contra el outsourcing ilegal.

*ANÁLISIS EN VOZ ALTA: La muerte de Elorduy revivió sentimientos entre los panistas. Fue su momento de tener todo el poder, ese que los aniquiló políticamente y que difícilmente lo recuperarán a la brevedad. A pesar de los claroscuros del ex gobernador por su autoritarismo y que la deuda pública de BC comenzó durante su gestión y con todo el crecimiento de la inseguridad, en esa época el panismo tenía el control político y económico del Estado, hoy solamente tienen migajas.

**FIASCO SEMANAL: El problemón en el que se metió el alcalde (virrey) de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas con sus policías acusados de desaparición forzada de un joven. Le cantó el tiro a la Marina, a la FGR y hasta a Alfonso Durazo, hasta les dijo que son sus enemigos políticos. Se le olvidó que son del mismo partido.

Bonilla, salte del cuerpo del alcalde de SLRC
*- El autor es periodista de Baja California.