Más de 1.3 millones de repartidores registrados en el IMSS siguen sin atención médica pese a la reforma de plataformas digitales
Aunque aparecen afiliados al Seguro Social, la mayoría de los trabajadores de aplicaciones no cumple el ingreso mínimo para acceder a consultas y medicamentos, mientras un vacío legal también les impide recibir atención en otros servicios públicos.
MÉXICO.- Más de 1.5 millones de repartidores y conductores de plataformas digitales aparecen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero la mayoría no puede recibir atención médica. Aunque cuentan con un Número de Seguridad Social activo, permanecen sin acceso efectivo a consultas, medicamentos y otros servicios, debido a las reglas actuales del esquema creado por la reforma laboral.
De acuerdo con cifras del IMSS y datos expuestos en el Congreso de la Unión, al cierre de mayo de 2026 había 1 millón 554 mil 53 trabajadores registrados bajo este modelo. Sin embargo, únicamente 197 mil 131 personas, equivalentes al 12.7% del total, alcanzaron el ingreso requerido para obtener la cobertura completa del instituto.
¿Por qué miles de repartidores aparecen afiliados, pero no reciben atención médica?
El principal problema es que la legislación condiciona el acceso a los cinco seguros del IMSS a que el trabajador obtenga un ingreso promedio diario de al menos 452.3 pesos. Quienes no alcanzan ese monto permanecen registrados, pero sin derecho pleno a los servicios médicos.
En la práctica, 1 millón 356 mil 922 repartidores y conductores aparecen con un registro vigente dentro del sistema, aunque el propio IMSS los clasifica con un estatus de “vigente sin derecho a servicio”, lo que impide recibir atención médica regular.
El esquema únicamente les brinda cobertura por riesgos de trabajo. Esto significa que pueden recibir atención cuando ocurre un accidente relacionado con la actividad laboral o una enfermedad derivada del servicio, además del pago correspondiente durante una incapacidad temporal.
En cambio, quedan fuera de beneficios como consultas por enfermedades generales, atención por maternidad, seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía, vejez y el servicio de guarderías, indica una publicación de Infobae, derechos que sí tienen quienes cumplen el requisito de ingresos.
El vacío legal también les cierra la puerta a otros servicios públicos
La situación se complica cuando estos trabajadores intentan acudir a otro sistema público de salud. Para incorporarse a programas dirigidos a personas sin seguridad social deben presentar una Constancia de No Derechohabiencia del IMSS.
Sin embargo, el sistema del Instituto identifica que mantienen un patrón activo debido a su registro como trabajadores de plataformas digitales. Por esa razón, la constancia no puede emitirse, aun cuando no tengan acceso efectivo a los servicios médicos.
El resultado es un doble bloqueo. No pueden recibir atención completa en el IMSS porque no cumplen el ingreso establecido por la ley, pero tampoco logran ingresar a otros esquemas públicos porque oficialmente aparecen como derechohabientes.
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¿Qué dicen las autoridades y los legisladores?
Durante la discusión del tema en el Congreso, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, resumió el problema con la siguiente afirmación: “Si no cubres lo que dice la ley que debes cubrir, entonces estás afiliado al IMSS, pero sin derecho a servicio médico”.
Según los datos presentados por el legislador, actualmente existen 16 plataformas digitales con trabajadores inscritos bajo este modelo. Mientras tanto, el Gobierno federal ha destacado el registro de más de 1.5 millones de personas como uno de los resultados de la reforma laboral.
No obstante, las cifras muestran que la inscripción no garantiza el acceso completo a la seguridad social, ya que casi nueve de cada diez trabajadores permanecen con una cobertura limitada pese a formar parte del padrón del instituto.
La propuesta para resolver el problema
Ante este escenario, el legislador anunció la presentación de un exhorto dirigido al Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud y el IMSS para modificar el funcionamiento del sistema que administra estos registros.
La propuesta plantea que el Instituto expida una constancia especial para reconocer que estos trabajadores mantienen un registro vigente, pero carecen de derecho efectivo a servicios médicos. Con ese documento podrían acceder a otros sistemas públicos de salud contemplados en la Ley General de Salud.
Además, el Gobierno federal dispone de un plazo de 180 días, contados desde el cierre del programa piloto en diciembre de 2025, para presentar ajustes a las reglas de operación del nuevo esquema laboral y corregir los problemas detectados durante su implementación.
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