García Harfuch: Criminalizar protestas

Resulta preocupante que Omar García Harfuch haya incluido en su lista de presuntos éxitos contra la extorsión, y así lo haya informado a la presidenta Sheinbaum en una mañanera, a una activa organización de defensa popular de La Laguna, 32 de cuyos integrantes fueron detenidos por fuerzas federales (Guardia Nacional y Defensa, según se ha denunciado) y estatales de Durango cuando protestaban por el despido injustificado de cuatro trabajadores de una empresa transportista de explosivos constantemente acusada de abusos laborales.

La criminalización de la protesta social y el uso faccioso de la fuerza pública para servir a intereses empresariales bien relacionados con mandos políticos (en el caso, el gobernador de origen priista, Esteban Villegas) quedaron de manifiesto el pasado martes, en la mañanera, cuando Omar García Harfuch reportó como “caso relevante” de su “Estrategia Nacional contra la Extorsión” el apresamiento en diversas fechas de “mil 106 extorsionadores en 24 estados del País”, entre ellos “28 integrantes de una organización, relacionados con los delitos de extorsión y ataques a las vías de comunicación” (https://goo.su/7PzIi).

La “organización” se llama Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y las detenciones se produjeron el pasado 18 de marzo, en el poblado Dinamita, del Municipio de Gómez Palacio, durante una protesta contra Sotomex, una empresa transportista de explosivos (relacionada con empresas mineras y con fuerzas militares) que había despedido de manera injustificada a cuatro trabajadores, por lo cual se había instalado un plantón de protesta.

Del 18 de marzo, cuando fuerzas federales y estatales detuvieron a los frentistas, al 14 de abril, no le hubiera sido difícil a García Harfuch entender el carácter real, de lucha social, de la “organización” presuntamente extorsionadora. Varias voces denunciaron el hecho represivo, de manera destacada y directa el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, el 24 de marzo en una carta dirigida a los frentistas: “El gobierno de Durango queriendo quedar bien con los empresarios, vendiéndose a ellos para actuar en contra de ustedes; recurriendo a fuerzas de seguridad del Gobierno federal (...) Se están valiendo todos y cada uno de los funcionarios, de los privilegios perversos que ofrece el dinero para comprar al poder político” (El Siglo de Torreón: https://goo.su/9gP4T2Q).

También pudo García Harfuch leer el comunicado de la Liga Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Confección de Nazareno: “El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio es una organización comunitaria integrada por habitantes de ejidos de Gómez Palacio que surgió ante la instalación de un megaproyecto industrial, específicamente de sodio y cianuro, estando actualmente en resistencia con dos campamentos instalados de forma permanente y quienes brindan acuerpamiento a sus integrantes en acciones de protesta por diversas violaciones a sus derechos humanos laborales”.

Por cierto, golpeado el Frente por “extorsionador”, el gobierno de Durango ha aprovechado para relanzar la idea de un polo industrial en instalaciones de Chemours, ahora Draslovka, con inversión gubernamental o de un particular (https://goo.su/2393eay).

Así, pues, la conversión harfuchista de la lucha social en estadística optimista de combate a la extorsión, para beneficio de intereses empresariales, en informe presentado a la Presidenta de la República en la mañanera.

Y, mientras Marcelo Ebrard patina a la hora de pretender defender lo indefendible, en el caso de un hijo suyo alojado durante largos meses en la Embajada de México (cuando ME era canciller) a título de “casi hijo” por Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, lo cual hace preguntarse si el actual secretario de Economía mantiene tales criterios laxos respecto a familiares y amigos en temas cuantiosos que le toca manejar y negociar, ¡hasta el próximo lunes!