Tragedia anunciada

El incendio provocado intencionalmente en un bar de San Luis Río Colorado que hasta el momento ha cobrado la vida de doce personas, pone al descubierto la falta de atención por parte de las autoridades de ese municipio sonorense, a cargo de Santos González Yescas.

La tragedia de la madrugada de ayer dejó en evidencia que esos establecimientos pueden convertirse con facilidad en una “ratonera”, aun cuando las autoridades saben de las deficiencias pero por omisión o complicidad les permiten operar con todo e irregularidades.

Al menos eso dejan ver porque ayer en una conferencia de prensa encabezada por González Yescas, una reportera cachanilla preguntó si el establecimiento contaba con puerta de emergencia.

De inmediato el director de Protección Civil Municipal, Ricardo Trigo, aseguró que sí tenía una puerta de emergencia, pero de manera inmediata el Alcalde lo corrigió y le manifestó a la reportera que, efectivamente, una de las tres puertas de emergencia estaba obstruida.

También quedó claro en la conferencia que las autoridades sanluisinas andan muy perdidas, puesto que no pudieron dar cifras exactas de cuántos establecimientos cuentan con diversas anomalías como carecer de la documentación correctamente, ni las supervisiones correspondientes y mucho menos el de medidas de seguridad adecuadas, como puertas amplias, extinguidores, material que no sea fácilmente combustible y, claro que sería mucho pedir, sistema de extinción de incendios.

Claro que el borracho desquiciado que se convirtió en multihomicida ayer en San Luis Río Colorado es el responsable material, pero también hay una responsabilidad compartida de los funcionarios, que podría ser penal, civil o administrativa, por no mantener una vigilancia severa y permitir el funcionamiento de los antros sin cumplir las regulaciones necesarias, empezando por González Yescas, así como el secretario del Ayuntamiento, Héctor Sandoval Gámez; el director de Protección Civil, Ricardo Trigo; el jefe de Bomberos, José Arrizón; el sub director de Alcoholes, la jefa de Regulación Sanitaria, Guadalupe Gallardo Romero; y el director de Desarrollo Urbano, Jorge René Arce.

Está también la posible responsabilidad de los guardias de seguridad, que echaron del establecimiento al ebrio, sin solicitar o reportar el incidente a la Policía porque, de haberlo hecho, quizá se hubieran salvado las vidas. Mientras los funcionarios se hacen bolas, Protección Civil del Estado de Sonora dio a conocer ayer por la tarde en redes sociales que el “Bar House”, donde ocurrió la tragedia, no contaba con programa interno de protección civil y operaba de manera irregular, sin salidas de emergencia bien establecidas y, desde la perspectiva de la dependencia, “operaba de forma clandestina”.

Habrá que ver si la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Sonora se queda por encimita con las acusaciones al responsable material o verdaderamente se meten a fondo caiga quien caiga.

Ahora, sería bueno ver si en Baja California los Ayuntamientos se ponen las pilas para realizar revisiones a fondo en los antros y bares, revisando los materiales de construcción, las puertas de emergencia, los sistemas de extinción de incendios, la capacitación del personal en caso de siniestro y los guardias.

JUSTICIA “EXPEDITA”

Aunque se supone que la justicia en Baja California es “pronta y expedita”, bueno, a menos en la frase, parece que no siempre es así, tal como lo demuestra la causa penal 3040/2022, con NUC 0202-2021-07958, donde la afectada es Andrea Verónica Zambrano Castillo, quien a pesar de ser la víctima del delito de violencia familiar, un Juez de Control no le ha fijado la audiencia intermedia aun cuando está excedido el plazo legal para hacerlo. Y eso que supuestamente los jueces tienen que atender esos asuntos con perspectiva y equidad de género.

Por ese motivo la afectada presentó el pasado 19 de julio un documento al Juez de Control para solicitarle, por segunda ocasión, que fije fecha para la mencionada audiencia “toda vez que ha excedido el plazo que prevé el ordenamiento legal antes invocado que no podrá ser menor de 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentado la acusación. Lo que en especie ya aconteció”.

Se debe recordar que con frecuencia las autoridades de todos los niveles de gobierno, así como las del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, hablan mucho de la protección a las mujeres para que vivan libre de violencia.

Pero este caso es solo una muestra de lo que ocurre, porque si la justicia lleva este paso de tortuga, el juicio oral quizá, si tiene suerte, será fijado en unos dos o tres años. Lo curioso es que en las inspecciones que hacen los Visitadores del Poder Judicial del Estado a los Juzgados, los jueces siempre salen bien evaluados, sin rezago ni irregularidades.