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Le ponen color a debate

Muy interesante resultó el debate de los aspirantes a la Gubernatura de Baja California, pues los candidatos participantes se mostraron muy entusiastas en sus intervenciones, además de que hubo mucha interacción entre ellos.

Muy interesante resultó el debate de los aspirantes a la Gubernatura de Baja California, pues los candidatos participantes se mostraron muy entusiastas en sus intervenciones, además de que hubo mucha interacción entre ellos.

Eso sí, faltó quizá en algunos casos el definir sus propuestas de manera más clara, pero de que saben debatir, se notó.

Estuvieron Jaime Martínez Veloz, candidato por el PRD; Héctor Osuna Jaime, de Movimiento Ciudadano; Ignacio Anaya Barriguete, del PBC; Óscar Vega Marín, del PAN, y Enrique Acosta Fregoso, del PRI.

La comunicación entre los candidatos estuvo curiosa, pues incluso en ocasiones generaba risa lo que se respondían entre sí.

Acosta los señaló al decir que ninguno había contestado la primer pregunta del debate sobre infraestructura y competitividad.

Anaya fue el que hizo más alusión a los demás, con el discurso de que ellos ya habían tenido cargos públicos y qué habían hecho en estos.

Osuna fue enfático al señalar al mal gobierno de "Kiko" Vega y al candidato del PAN que se enoja porque los funcionarios no lo apoyan a él.

Por su parte, Vega hizo fuertes señalamientos contra el candidato ausente y trató de esquivar los ataques hacia su partido, mientras que Martínez fue el más mesurado en el discurso.

Congreso y PJE en aprietos

Donde se las van a ver negras es en el presupuesto del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

Esto a raíz de un juicio de amparo 420/2017-II.A que ganó en última instancia el ex juez Mario Fernando Ruiz Sández, a quien por orden de los Tribunales Federales le deben conceder un haber de retiro, similar al que acaba de ser autorizado en el mes de marzo para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Se debe recordar que los magistrados del TSJE obtuvieron ese haber de retiro tras promover una controversia constitucional, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado legislar el haber de retiro para los togados.

De esta manera los diputados legislaron y concedieron un haber de retiro de 60 mil pesos mensuales a los magistrados cuando se retiren de sus labores.

Pues bien, Ruiz Sández, ex juez Tercero de lo Civil de Ensenada, al ser echado del Poder Judicial del Estado, promovió un amparo solicitando un haber de retiro, que finalmente llegó al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, bajo el expediente en revisión 393/2018, donde se le otorgó la protección de la justicia federal.

En la resolución ordenan al Congreso de Baja California que, ante la ausencia de regulación del haber de retiro de los jueces locales "deberá emitir las normas correspondientes durante el próximo periodo ordinario de sesiones a partir de la emisión de esta ejecutoria, en base a las consideraciones que sostuvo la SCJN en la controversia constitucional 13/2018 al ser dicho asunto (similar al caso concreto)".

Es decir, tiene que ser similar al haber de retiro de los magistrados del TSJE.

Además, se ordena al Consejo de la Judicatura de Baja California otorgar al ex juez Ruiz Sández "un mínimo vital en lo que el Congreso cubre la citada omisión legislativa, lo anterior para garantizar la subsistencia del amparista".

Y para cerrar con broche de oro, el Tribunal Federal señala que "una vez subsanada la omisión legislativa, el Consejo de la Judicatura del Estado (...) lleve a cabo el procedimiento correspondiente y le reconozcan al impetrante del amparo el derecho a su haber de retiro, en el entendido que dicho pago le deberá ser cubierto a partir de que fue privado de su cargo como Juez...".

Ahora bien, si el Consejo de la Judicatura y el Congreso, como es su costumbre, se hacen los tontitos en el cumplimiento de la sentencia, el Tribunal Federal les apercibió que si no cumplen lo ordenado, se les impondrá una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución, que podría llevar incluso a la destitución de los consejeros de la Judicatura y diputados.

El asunto está calientito, porque apenas el lunes fue notificado a las partes involucradas.

La duda es de dónde va a sacar el dinero el Poder Judicial del Estado para el haber de retiro.

Otro dato interesante es que, aunque el amparo es para Ruiz Sández, la sentencia marca la ruta para que todos los jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, exijan y se les conceda el haber de retiro, que haciendo cuentas implicará erogar millones de pesos anualmente del presupuesto.