Comparecencias

Sin duda las comparecencias de funcionarios en el Congreso del Estado se convierten en una pasarela de preguntas de cajón con respuestas de cajón.

Tan así que en la comparecencia del fiscal estatal, Ricardo Iván Carpio Sánchez; del secretario de Seguridad estatal Gilberto Landeros Briceño; y de José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, el diputado Juan Manuel Molina García, les tiró una indirecta a sus colegas porque “siempre se ponen a señalar lo malo y lo negativo”.

Curioso que cuando apenas el lunes pasado el Gobierno de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a Baja California, solo uno de los legisladores cuestionó a los funcionarios públicos sobre ese tema, pero Landeros Briceño lo “bateó” con una respuesta incoherente.

Dicen que fue evidente que no sabía siquiera de qué hablaba el diputado.Y es que no es cualquier cosa, porque el Departamento de Estado mantiene a Baja California como un estado donde se debe reconsiderar viajar “debido a la delincuencia y al secuestro”.

El panorama pintado por los americanos, obviamente con información recabada por sus organismos de inteligencia, es claro y preocupante: “Organizaciones criminales transnacionales compiten en la zona fronteriza para establecer rutas de narcotráfico y contrabando de personas.

Los delitos violentos y la actividad de pandillas son comunes”. De hecho, les hacen la recomendación a sus viajeros para usar solo las carreteras principales del estado, sobre todo de día, y evitar los lugares remotos.

“De particular preocupación es el alto número de homicidios en las zonas no turísticas de Tijuana. La mayoría de los homicidios parecían estar dirigidos; sin embargo, los asesinatos de organizaciones criminales y las disputas territoriales pueden provocar que los transeúntes resulten heridos o asesinados”.

En la alerta los americanos dejan en claro también que el Valle de Mexicali es una zona que, dicho en términos coloquiales, está que arde.

Lamentablemente se cree que con una reunión matutina de los funcionarios o encargados de seguridad, donde se leen los partes informativos de las 24 horas, o con abrazos y besos a los maleantes, es suficiente para dar seguridad a los ciudadanos.

Parece que lo más interesante fue al final de la comparecencia, cuando una diputada a gritos le reclamó a la legisladora Dunnia Montserrat Murillo López "impedirle" hacer más preguntas aburridas a los comparecientes. Ahí sí, tanto los tres funcionarios como el público se mostraron sumamente atentos.

Responde Sánchez González

Hablando de la misma comparecencia, comentan que Fernando Sánchez González fue cuestionado sobre los sistemas tecnológicos de seguridad en Tijuana.

Él respondió que cuentan con drones de última generación, además de la aplicación del botón morado, que ya ha sido descargado por más de 50 mil mujeres para denunciar cualquie situación de riesgo.

A pesar de la violencia que se vive en la ciudad, Sánchez González expuso que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez tiene en la seguridad una de sus prioridades, sobre todo con la prevención y uso de tecnología.

Sin querer contribuir

Una de las exigencias hacia los gobiernos es sin duda la educación, en la entidad ésta ha sido cada vez más accesible, sin embargo, para algunos no es suficiente aunque no aporten la parte que les toca

Comentan que en la más reciente edición del Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar, trascendió la inconformidad por el pago del Certificado de Conclusión de Estudios en Cobach BC cuya cuota de recuperación es de 210 pesos y constituye una prueba física de la educación gratuita que brindó el Estado a los jóvenes durante tres años formativos. Hay que recordar que además que, gracias a esas cuotas de recuperación, es como los planteles logran hacerse de recursos para soportar sus tareas de mantenimiento.

En el caso específico de esa institución cabe mencionar que las cuotas de recuperación fijadas en ley de ingresos son por mucho inferiores a las establecidas en otros Subsistemas como CECyTE, Conalep o DGTi y ni qué decir de las instituciones de educación privada.

Además en casos específicos, como cuando hay una imposibilidad económica justificada, los padres de familia no aportan un solo peso.

Otro punto es que el pago de cuotas no condiciona la entrega de documentos oficiales, pero como sociedad se debe hacer conciencia que a los padres también les corresponde contribuir con la educación de los hijos, aunque sea con bajas cuotas.