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Falta de sincronización entre Catastro y Registro Público genera riesgos de fraude

El presidente de ASAI señaló que la desactualización de información entre ambas instituciones puede facilitar operaciones irregulares y generar inconsistencias sobre la propiedad de los inmuebles

Falta de sincronización entre Catastro y Registro Público genera riesgos de fraude

Tijuana, B.C.-La falta de sincronización entre Catastro y el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) genera riesgos de fraude inmobiliario, advirtió el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Baja California (ASAI).

Mario Fajardo Solana señaló que la desactualización de información entre ambas instituciones también puede generar inconsistencias sobre la propiedad de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles, además de dificultar los trámites para compradores y vendedores.

La queja del asesor inmobiliario es redundante, es lo mismo., hay un problema y no hay una sincronización entre Catastro y Registro Público… Están trabajando cada quien por su lado, esa es la situación”, expresó

A quienes pretendan adquirir una propiedad, recomendó revisar primero la información del inmueble en el RPPC, pues una hoja de Catastro no acredita por sí misma la propiedad del predio.

Durante un foro con el sector inmobiliario, la diputada local Evelyn Sánchez abordó la falta de coordinación entre el Registro Público y Catastro, así como la iniciativa que presentó al Congreso para establecer un mecanismo de actualización entre ambas instituciones.

Explicó que la propuesta contempla que una vez realizada la inscripción definitiva de un acto de transmisión de dominio, el Registro Público envíe un aviso a la autoridad catastral correspondiente para actualizar la titularidad del inmueble dentro de los 10 días hábiles siguientes.

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Ley de Catastro, además de la creación del artículo 21 Bis, para establecer mecanismos de vinculación y actualización entre ambas instituciones.

La iniciativa ya fue presentada y estimó que su análisis y aprobación podrían tomar entre tres y cuatro meses, para posteriormente considerar un plazo de 90 días antes de su entrada en vigor, en caso de ser aprobada.

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