Incrementa 200% en Baja California violencia contra menores
Durante el presente año al menos mil 200 menores del Estado han sido objeto de alguna conducta catalogada como delito.

Tijuana BC.- El número de menores que ha sido víctima de algún delito ha incrementado en Baja California durante el primer trimestre del año, con al menos mil 200 casos, arrojan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los datos oficiales detallan que de enero a marzo de 2025 se registraron 381 menores de edad que fueron blanco de un delito, mientras que en el mismo periodo de 2026 suman mil 247 casos.
En el caso del presente año, del total de los menores afectados, 662 se tratan de niños de los 0 a los 12 años de edad, mientras que 585 tenían entre 13 a 17 años.
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Con relación de los delitos de los que fueron objeto los niños de 0 a 12 años de edad, destacan el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar y retención o sustracción de menores.
Respecto de los menores de 13 a 17 años, los principales delitos por los que han sido afectados son abuso, violencia familiar y lesiones, indica la información del Secretariado Ejecutivo.
El caso Vicente
El caso de Vicente, en Mexicali, abrió cuestionamientos sobre las áreas pendientes en la atención de procesos familiares y mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, ante posibles fallas institucionales relacionadas con custodias y seguimiento de casos, señaló la presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco.
Estefanía Campos García indicó que actualmente ya existe un auto de vinculación a proceso dentro del caso y que serán las autoridades quienes determinen posteriormente las responsabilidades penales correspondientes en torno a la muerte del menor en Mexicali.
Aquí yo creo que la pregunta es si realmente el sistema está haciendo lo suficiente para proteger a las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en procesos familiares, yo creo que la respuesta más responsable es no”
Mencionó.
Uno de los principales problemas, dijo, se encuentra en el tiempo requerido para desahogar pruebas periciales solicitadas mediante apoyo estatal, ya que estos procedimientos pueden tardar entre dos y tres meses en completarse.
Campos García agregó que dichos retrasos impiden que los procesos familiares relacionados con custodias puedan resolverse de la manera más rápida y eficiente posible, especialmente cuando las partes involucradas no tienen posibilidades económicas para contratar peritos particulares, agregó.
La especialista refirió que sobre la responsabilidad penal de Roxana, la madre, actualmente existen dos posibles variantes jurídicas que deberán ser determinadas por la autoridad, una relacionada con homicidio culposo y otra por comisión por omisión con dolo eventual.
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