Alertan de restricción a la justicia familiar en Baja California

Tijuana BC.- Colegios y barras de abogados rechazan la decisión del Poder Judicial de Baja California (PJE) de establecer como requisito que los abogados que participen en juicios en los que se encuentren involucrados menores de edad tengan una especialidad académica en materia familiar.

Los litigantes coinciden que la decisión del Consejo de Administración de Justicia del PJE, recientemente publicada en el Boletín Judicial, es irregular y atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las personas.

El presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, Francisco Castro Trenti, manifestó que la medida excede lo que permite la ley reglamentaria del ejercicio profesional, que únicamente establece como requisito contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho.

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Publicar un acuerdo administrativo exigiendo que quienes participen en la oralidad familiar deban contar con un grado académico superior es una situación de carácter irregular y fuera del marco legal”

Aseveró.

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Limitar la libertad de ejercicio profesional

Además, señaló que la medida podría limitar la libertad de ejercicio profesional y permitir que abogados afectados recurran al juicio de amparo para proteger sus derechos constitucionales.

Castro Trenti también advirtió falta de equilibrio, porque los magistrados y actuarios del Poder Judicial no están sujetos a la misma exigencia académica, pese a que algunos carecen de experiencia o antigüedad en su titulación.

Encarecerá la justicia

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, advirtió que la restricción impactará directamente a los justiciables, al disminuir la oferta de representación legal en asuntos como custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas o pérdida de la patria potestad.

Si de por sí son juicios que tienden a ser estresantes o golpean de forma emotiva, se va a encarecer la justicia por reducir el número de abogados que existen con una cédula de maestría, doctorado o posgrado”

Dijo.

Muchos litigantes con amplia experiencia en materia familiar, apuntó, quedarán excluidos por no contar con estudios de posgrado, pese a su trayectoria en tribunales.

Hay abogados con 10 o 20 años de experiencia que, por no tener una maestría, verían limitadas sus facultades para litigar”

Advirtió que esta situación afectaría principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, quienes enfrentan procesos familiares complejos.

El abogado subrayó que el gremio no está en contra de la capacitación continua, pero consideró que esta debe darse mediante cursos, diplomados o actualizaciones, sin restringir el ejercicio profesional.

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Fomenta la inequidad

La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos García, hizo un llamado a garantizar equidad en la aplicación de los requisitos de especialización en materia de justicia familiar, al advertir que no deben imponerse únicamente a litigantes.

Reconoció los esfuerzos por impulsar la especialización en esta área, pero subrayó la necesidad de que las medidas sean equilibradas y acordes con criterios constitucionales.

La obligación de especializarse no debe recaer únicamente en el gremio litigante, añadió, sino también en quienes imparten justicia, como jueces, magistrados y demás operadores del sistema judicial.

Campos García explicó que, según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la especialización también puede acreditarse mediante certificaciones, cursos, diplomados y experiencia profesional comprobable.

Añadió que la justicia en materia familiar requiere un enfoque integral que vaya más allá de la preparación académica, especialmente en casos relacionados con la niñez.

Consideró indispensable fortalecer un sistema multidisciplinario que incluya áreas como psicología infantil y trabajo social, para garantizar resoluciones más completas y efectivas.