Es error político, señala analista; acción es pareja, asegura SGG

Como un error político calificó el analista político Benedicto Ruiz la medida del Ayuntamiento de Tijuana de retirar de servicio a las empresas cuyo servicio se da por aplicación, como Uber y Cabify.

“Es una falta de visión con la que está actuando el Gobierno, hay que regularizar a Uber pero creo que hay que ponerlo ya después de arreglar todos los problemas que son mas urgentes”, advirtió.

Uber atiende a un grupo reducido, reconoció, pero este grupo es la clase media, ciudadanos que están bien informados, con voz crítica frente al quehacer gubernamental y con gran influencia sobre sus círculos cercanos.

“Hay que dar servicio a la ciudadanía y gradualmente el Gobierno debe regularizar el trasporte que no reúne las condiciones”, abundó.

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Se trata de una decisión delicada que puede representar costos importantes sobre todo por el nivel de expectativa que tienen los ciudadanos decepcionados por la desastrosa gestión anterior, enfatizó.

“Se presta a sospecha de que este Ayuntamiento quiere favorecer a un sector transportista. Esto ya se sembró en el imaginario popular y creo que ese es el principal error político”, agregó.

Se trata de un tema heredado de la pasada administración, dijo, que requiere atención.

“Los gobiernos no han atendido correctamente el caso de Uber. Es un caso especial como lo hemos visto en otras ciudades y países. Es un servicio específico que no está contemplado en reglamentos y leyes pero no por eso se debe dejar de lado”, concluyó.

Regularizar el transporte es un tema prioritario, dijo Alberto Sandoval Franco, presidente de la asociación Alianza Civil.

“Lo importante aquí es que se de un trato igualitario para todas aquellas personas que desean realizar una actividad comercial”, aseguró.

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Uber y Cabify tienen argumentos que se deben revisar, el resto de los transportistas también, al igual que la petición de los tijuanenses por un transporte más digno.

“Lo que esperamos es que la misma fuerza y eficiencia en el cumplimento del reglamento de tránsito y leyes relativas al transporte de pasajeros se apliquen para las empresas que contaminan al realizar ese servicio, cuyos choferes no respetan al resto”, agregó.

El ex diputado local y ex presidente del congreso René Mendívil Acosta criticó que ante los problemas de inseguridad en la ciudad se priorice el tema del transporte.

Es claro que se requiere un transporte eficiente, moderno, accesible a los ciudadanos, apuntó, algo que no se cumple con el que actualmente existe.

De acuerdo al secretario de Gobierno Municipal, Felipe Luévano Ruiz, las medidas anunciadas el pasado sábado no son una cacería contra Uber o empresas de transporte por aplicación sino parte de un plan de trabajo para le regularización del transporte en general.

Apuntó que del 1 al 16 de diciembre se realizaron revisiones en diferentes puntos de la ciudad resultando 554 acciones, entre ellas 145 infracciones a taxis libres, 90 taxis de ruta con o sin itinerario fijo, 262 camiones, además de 33 Uber, de los cuales 26 eran choferes y solo 7 propietarios.

El funcionario apuntó que entre los pendientes de la actual administración está revisar el reglamento municipal de transporte en el que se debe especificar el servicio mediante aplicaciones tecnológicas, aunque no hay una fecha definida todavía.