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Interpondrán denuncia por violencia política en contra de la alcaldesa Araceli Brown

La alcaldesa en lugar de rendir su informe tal y como lo marca el reglamento, se dedicó a responder cada uno de los señalamientos.

Rosarito, B.C.- Una denuncia por violencia política es la que interpondrá ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la regidora por el PES, Dalia Salazar, en contra de la alcaldesa Araceli Brown.

La edil detalló que en la pasada sesión solemne de Cabildo en donde se presentó el primer informe de Gobierno, Brown Figueredo, la agredió verbalmente junto con sus compañeras María Ana Medina, del PAN, Sandra Jiménez, de MC, y la independiente Karely Leal, lo que las motivó a abandonar el recinto.

Mencionó que tras sus posicionamientos políticos, la alcaldesa en lugar de rendir su informe tal y como lo marca el reglamento, se dedicó a responder cada uno de los señalamientos, en lugar de brindar información sobre el estado que guarda la administración.

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Dijo que no se siguieron los protocolos, pues si bien Brown Figueredo puede no estar de acuerdo con los señalamientos que se hicieron, no era el lugar ni el momento para defenderse de las posibles acusaciones en su contra.

Recursos legales

Además dijo no se les permite hablar durante el informe de lucimiento que la primera edil realizó horas después, es decir se hacen dos eventos por separado, para impedir que los regidores de oposición expongan su posicionamiento, frente a invitados especiales, lo que también viola sus derechos políticos.

Comentó que no sabe si las otras tres ediles también interpondrán recursos legales en contra de la alcaldesa rosaritense, pues hasta este momento, no se les ha entregado el documento impreso del informe, algo que también viola el reglamento y del que ya se dio cuenta a la Sindicatura.

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Dijo que además se exigirá al Congreso del Estado, dar cuenta sobre el proceso de juicio político que fue interpuesto al iniciar la administración, luego de que se cambiara el reglamento, para permitir el mayoriteo de votos, a fin de que Francisco Arellano, actual secretario de Seguridad Ciudadana, permaneciera en el cargo.

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