Lo que no han hecho ni harán

Grave y muy desafiante la situación social que estamos viviendo en Baja California, donde la delincuencia y el crimen organizado han prácticamente dictado la pauta de cómo vamos a vivir de aquí para adelante. Aunque, siendo más concretos, es todo el país el que está inmerso en una situación de indolencia, en la cual los responsables de mantener la paz y la tranquilidad social no cumplen con sus obligaciones,

y de esta manera, contribuyen con el desorden y la ingobernabilidad. Es obvio reconocer que tanto las autoridades estatales como las municipales están atadas de pies y manos, pues no existe un compromiso en el cumplimiento de su deber, de parte de las corporaciones policíacas. En parte, esto puede entenderse por las condiciones de inseguridad que los policías tienen. Es fácil obtener la información más elemental de cada uno de ellos, con solo seguirlos en las ciudades. De esta manera, se les puede intimidar o cooptar para que se integren al crimen organizado. Otro es el escenario de los funcionarios públicos electos o designados. Ellos tuvieron la oportunidad de comenzar a delinquir por decisión personal, y al llegar a un puesto gubernamental, solo extendieron sus espacios para ampliar sus operaciones delictivas.

Los funcionarios de los tres niveles de gobierno, que participan en actividades delictivas, de manera natural se han integrado a grupos criminales, fortaleciéndolos y brindándoles las condiciones de seguridad que requieren para el desarrollo de sus actos delictivos. El crecimiento y la evolución del delito de la extorsión, es producto del involucramiento de funcionarios gubernamentales. Para las corporaciones

policíacas ha sido fácil, pues este delito es lo que antes se conocía como la mordida. Que era cualquier cantidad de dinero, con la cual se evadía una multa administrativa. Ahora se recibe efectivo, retiro en cajeros automáticos o transferencias bancarias. Podemos decir que las extorsiones de los policías son el mal menor. Es en las dependencias de gobierno donde pueden suceder los grandes atracos. Son los presidentes municipales y sus funcionarios de primer nivel, quienes se apropian de los recursos financieros para su propio beneficio. En Tecate tenemos dos expresidentes con denuncias formales, que, habiendo sido apoyados por el Congreso del Estado y por el poder judicial, no fueron investigados y evitaron ser encarcelados por delincuentes: Javier Urbalejo Cinco y César Moreno, acusados de peculado y otros delitos. Inclusive, ambos siguen trabajando en el gobierno.

La violación a los derechos humanos, la extorsión, las ejecuciones, desapariciones, la venta indiscriminada de drogas ilegales, el tráfico de personas especialmente mujeres para el comercio sexual, entre otros muchos delitos nos agobian cada día. Crecen las transgresiones y nada sucede. Los exintegrantes de los partidos políticos PRI y PAN, vergonzosamente se convierten en militantes de Morena, haciéndose cómplices de la ingobernabilidad. Los tres diputados tecatenses, en lugar de denunciar a los delincuentes, se han dedicado a promover actos de entrega de limosnas a los ciudadanos, como una maniobra que les permita chapulinearse al futuro y candidatearse a la siguiente posición. Los tres quieren ser presidentes municipales, pero María Teresa Méndez Vélez, fue más lejos al traicionar a los tecatenses, al arropar a los dos expresidentes, para que no se le juzgara por peculado. Estos tres diputados que se han dedicado a promover reuniones en las colonias, se han olvidado de la principal obligación con los bajacalifornianos: hacer y promover nuevas leyes. Han puesto a sus equipos de abogados y a sus auxiliares, a desarrollar exhortos que no tienen ningún efecto en quienes los reciben. Un exhorto es un punto de acuerdo o recomendación que los legisladores hacen a otras autoridades, para pedir que atiendan un problema social o de interés público. En contrapartida, las autoridades nunca hacen caso a los exhortos. Vale

•  El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.