Escuelas ante nuevos desafíos

La entrada en vigor del Programa de Protección Integral Escolar marca un cambio importante en la forma en que las escuelas de Baja California enfrentarán los riesgos que afectan a estudiantes, docentes y comunidades educativas. Más que una actualización administrativa, se trata de un reconocimiento de que los problemas que hoy llegan a las aulas son muy distintos a los de hace una década.

La implementación del programa, impulsada por la Coordinación General de Educación Básica del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y encabezada por la subsecretaria incorpora por primera vez protocolos específicos para fenómenos que han crecido con el uso de la tecnología, como el ciberacoso, el grooming, los deepfakes, el doxing y otras formas de violencia digital que pueden tener consecuencias graves en la vida de niñas, niños y adolescentes.

También destaca la inclusión del Código ATICE, cuyas siglas significan Alarma, Trinchera, Informar, Contraataque y Evacuación, para responder a situaciones de violencia extrema dentro de los planteles. Aunque se trata de escenarios poco frecuentes, la realidad ha demostrado que las instituciones educativas deben estar preparadas para actuar con rapidez y coordinación ante cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad de estudiantes y trabajadores.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de los mecanismos de atención a la salud mental y la prevención del suicidio, temas que han cobrado mayor importancia en los últimos años. La exigencia de que los padres acrediten atención especializada cuando existan señales de alerta busca garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el programa incorpora medidas para proteger los derechos del personal educativo, estableciendo garantías como la presunción de inocencia y procedimientos más claros ante denuncias. Este equilibrio entre la protección de los alumnos y el respeto a los derechos de los docentes será fundamental para generar confianza dentro de las comunidades escolares.

El reto ahora será que estos lineamientos se apliquen y su éxito dependerá de la capacitación del personal, la participación de las familias y la coordinación entre autoridades, escuelas y sociedad para construir entornos educativos más seguros y preparados para los desafíos actuales.

INVASORES DE BANQUETAS

Caminar por el bulevar Benito Juárez de Rosarito se ha convertido en un recorrido entre puestos ambulantes, carpas, mesas improvisadas y comerciantes que, poco a poco, han ido ganando espacio sobre banquetas y áreas de alta afluencia peatonal, incluso en la zona turística donde el reglamento municipal restringe la autorización de este tipo de actividades.

A lo largo de la principal vialidad de la ciudad se puede ver a vendedores instalados ofreciendo alimentos, artesanías, ropa y diversos artículos, mientras que otros operan en estructuras semifijas que reducen el paso de los peatones. La presencia de estos comercios también se extiende a la zona turística, donde, de acuerdo con el reglamento vigente, la autorización de permisos debe contar previamente con la opinión del Consejo de Mejoras y Renovación Económica del Sector 01 de Rosarito (Comeres), órgano creado precisamente para preservar el orden e imagen del principal corredor comercial del municipio. Sin embargo, comerciantes establecidos aseguran que esos procedimientos no se están respetando y observan con molestia cómo continúan otorgándose permisos mientras ellos enfrentan una creciente carga de obligaciones fiscales para mantener abiertos sus negocios. La inconformidad no solamente radica en la competencia que representa el comercio informal, sino también en el trato desigual que, aseguran, existe por parte de la autoridad municipal. Mientras los negocios formalmente establecidos deben cubrir impuestos, derechos, licencias, permisos y diversos pagos para operar, además de enfrentar constantes inspecciones por parte del personal de Verificación, el ambulantaje continúa expandiéndose sobre las principales vialidades. El tema incluso alcanzó el Cabildo durante su más reciente sesión ordinaria, donde salió a relucir la preocupación de los comerciantes establecidos por la presión fiscal y administrativa que enfrentan.

Como parte de los acuerdos, los regidores aprobaron ampliar por un mes el plazo para que los negocios regularicen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales municipales.

No obstante, para varios empresarios esa medida resulta insuficiente si no viene acompañada de acciones para ordenar el comercio informal y garantizar que la aplicación de los reglamentos sea equitativa para todos.