No tiene para cuando terminar

Viéndolo de manera rigurosa y objetiva, la conducta de los funcionarios públicos, desde el más elemental empleado de gobierno, hasta la máxima autoridad, la disposición personal a respetar nuestro marco jurídico no solo es débil, sino que no aparece dentro su esquema personal de comportamiento. Por lo contrario, tenemos una alta inclinación por menospreciar las leyes, máxime, cuando estamos en posibilidades de obtener un beneficio personal en el corto plazo. Somos capaces de utilizar prácticas comunes de corrupción para salir de situaciones complicadas, que impliquen, desde la violación a las leyes más elementales, hasta las fundamentales de nuestra nación. Y no es que lo tengamos los mexicanos en el DNA, como lo dijo en una ocasión el expresidente Enrique Peña Nieto, sino porque nunca se han impuesto controles rígidos, que obliguen a la burocracia a desarrollar sus tareas conforme lo ordena la ley.

Los ojos del mundo están fijos en México, ante la evidente protección institucional que se le está obsequiando al gobernador sinaloense con licencia, Rubén Rocha Moya. Las numerosas acusaciones que se han convertido en vox populi, hasta la elección mañosa que ganó utilizando amenazas y asesinatos contra la población sinaloense, son pruebas evidentes de la corrupción electoral que se llevó a cabo para que ganara las elecciones. Además, sus nexos con el crimen organizado que se convierten en evidencia pura, cuando estuvo presente en el secuestro del Mayo Zambada, son pruebas suficientes para que sea objeto de una investigación judicial. No obstante, Claudia Sheinbaum y todo su gabinete de seguridad pública y el resto de sus funcionarios, se han dedicado a contrargumentar que, para proceder a Rocha Moya, se deben mostrar pruebas. Luego entonces pregunto, ¿No son suficientes estos hechos denunciados?

La realidad es que este caso es solo uno de los millones de asuntos que deberían preocupar al gobierno en turno, obligándolo a corregir el rumbo y comprometerse con el respeto a las leyes. Sin embargo, la presidenta sigue aferrada en proteger al gobernador con licencia, menospreciando que cada vez somos más los mexicanos que deseamos que se le investigue formalmente y se le extradite, si procede. Hasta el momento, no se actúa formalmente contra la corrupción. Los cotos de poder se siguen respetando. Los policías de cualquier nivel hacen lo que quieren y nada sucede. Muchos funcionarios públicos de primer nivel terminan sus administraciones con delitos cometidos, denunciados y no procesados. Los mecanismos de justicia se entorpecen, pierden potencia y ganan lentitud, de manera que con el tiempo, no proceden.

En Tecate tenemos a dos expresidentes municipales, uno, Urbalejo Cinco, con denuncia de juicio político y el otro, Moreno González de Castilla, con demanda penal, a las cuales no se les dio seguimiento. Ahora ambos están trabajando con el gobierno estatal de Marina del Pilar Ávila y con el federal de la Sheinbaum. En lugar de procesarlos, los premian.

Tenemos un índice de impunidad altísimo. Menos del uno por ciento de los delitos denunciados llega a obtener una sentencia condenatoria. Es tan grande la corrupción en el país, que ya se están viendo de manera positiva las constantes y groseras amenazas que casi día con día lanza Donald Trump contra México. Tan es evidente que debido a ellas se incrementó la lucha contra objetivos prioritarios del crimen organizado, como que, siendo el gobernador con licencia miembro de Morena, se le protege al grado de poner en riesgo la seguridad nacional, por una invasión estadounidense. Con Rubén Rocha Moya y los diez coacusados, se está estableciendo la excepción a la regla de perseguir a la delincuencia quien quiera que sea el sospechoso. Se le ubica a la altura del bien general del país, por protegerlo de una aprehensión requerida por una nación extranjera. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.