Un bitcoin llega a equivaler más de 1.3 millones de pesos mexicanos, un valor de mercado que impulsa la producción del activo en granjas clandestinas consideradas ilegales por robar energía a la CFE y evadir al SAT
La minería de criptomonedas no está prohibida en México, pero las instalaciones informales pueden incurrir en delitos por su operación.

MÉXICO.- Las granjas clandestinas de minería de Bitcoin se han convertido en un foco de atención para las autoridades en México debido a la presunta comisión de delitos como el robo masivo de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la evasión fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque la compra y acuñación de criptomonedas no constituye un delito por sí sola en el país, el modo de operación de estas instalaciones informales puede incurrir directamente en prácticas ilícitas.
El valor de mercado de Bitcoin, que se ubica por encima de los 1.3 millones de pesos mexicanos y se cotiza en torno a 1,382,305 MXN por unidad, vuelve atractiva la actividad de minado informático. Sin embargo, los elevados costos operativos para procesar estas transacciones digitales llevan a los administradores de granjas clandestinas a vulnerar la infraestructura eléctrica nacional.

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¿Qué es una granja de minería y por qué consume tanta energía?
La minería de criptomonedas es el procedimiento informático mediante el cual computadoras de alta potencia resuelven problemas matemáticos complejos para validar transacciones dentro de la red blockchain y emitir nuevas monedas virtuales.
Para maximizar sus ganancias, los operadores construyen granjas de minería: instalaciones físicas que albergan cientos o miles de equipos especializados que funcionan de manera ininterrumpida.
Mantener estas redes operativas exige:
- Suministro ininterrumpido de energía.
- Conexiones constantes a internet.
- Sistemas potentes de enfriamiento por aire o agua para evitar el sobrecalentamiento de los procesadores.
Estimaciones técnicas señalan que producir una sola unidad de Bitcoin requiere un gasto cercano a los 45,000 dólares únicamente en infraestructura y consumo eléctrico.

¿Por qué clausuran las autoridades estas granjas de minería?
La intervención de las autoridades mexicanas en este tipo de centros informáticos no responde a la posesión de criptoactivos, sino a las infracciones relacionadas con la infraestructura y la forma en que operan estas instalaciones.
- Robo de electricidad: Debido al gasto energético masivo que demanda la minería, los operadores se conectan ilegalmente a la red de la CFE mediante conexiones clandestinas o “diablitos” para evadir la facturación del servicio comercial.
- Evasión de impuestos: Las ganancias generadas por la validación y venta de activos no se declaran ante el SAT, con lo que se omite el pago de las contribuciones fiscales correspondientes.
- Financiamiento ilícito y lavado de dinero: Organismos de seguridad detectan que grupos del crimen organizado instalan o financian granjas informáticas para mover grandes sumas de dinero internacionalmente sin pasar por el sistema bancario tradicional, lo que facilita el blanqueo de capitales.
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¿Es ilegal comprar o tener Bitcoin en México?
La legislación mexicana no prohíbe a los ciudadanos adquirir, conservar o comerciar con Bitcoin ni con otras criptomonedas, como Ethereum o monedas estables vinculadas al dólar.
Las transacciones particulares en plataformas reguladas son legales. Además, los usuarios pueden adquirir monedas completas o fracciones de estas según su presupuesto.
La ilegalidad recae estrictamente en la infraestructura que utiliza tomas de luz no autorizadas y en la falta de transparencia fiscal de los ingresos obtenidos mediante el procesamiento de datos en granjas clandestinas.
¿Qué debe tomar en cuenta una persona interesada en las criptomonedas?
La información permite distinguir entre la posesión de criptoactivos y las prácticas ilícitas relacionadas con algunas instalaciones de minería. En México, comprar, conservar o comerciar con Bitcoin y otras criptomonedas no está prohibido por sí mismo.
El problema legal se relaciona con el uso de conexiones eléctricas no autorizadas y con la omisión de ingresos ante el SAT cuando corresponde declarar las ganancias obtenidas.
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