planta fotovoltaica

El gobierno de Baja California defendió las acciones legales contra el contrato de una planta fotovoltaica, al asegurar que sí contemplaba su construcción y que era perjudicial para el estado, pues implicaba pagos millonarios sin recibir energía. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda negó que haya motivación política en el caso.