Espanta México inversión

Aunque el consumo sigue deprimido, el ahorro retrocede, el desempleo se expande y la pobreza aumenta, el presidente López Obrador le sigue atizando a quienes mueven el 85% del PIB.

En este sexenio, que aún no llega a la mitad, el sector empresarial no puede darse el lujo de ser exitoso, porque desde Palacio Nacional se le denosta “sin ton ni son” porque persiste en el discurso oficialista que los malos son los ricos por explotadores y corruptos.

Así que los empresarios son los villanos favoritos del “nuevo régimen” porque ellos y nadie más que ellos son los provocadores de la desigualdad en el País, nunca es por la falta de una educación pública competitiva y libre de las teorías salpicadas de socialismo.

El sentimiento de división entre el sector público y privado sigue tan fresco como desde finales de octubre del 2018, cuando “a mano alzada” se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Este “primer garrotazo” fue directo al sector empresarial y lo asestaba el Presidente bajo las sospechas de una corrupción atroz.

Tal acción levantó los aplausos y el reconocimiento del graderío, porque para las masas los culpables de todas sus desgracias son los ricos y no los gobiernos soñadores e irresponsables.

Los políticos y los ideólogos conocen de sobra las emociones de las mayorías y sobre tal plataforma trabajan día y noche para pulir sus estrategias político-electorales.

Otro golpazo al sector privado empezó a gestarse en junio del 2019 cuando la CFE inició una controversia contra las empresas de gasoductos.

Uno más se presentó justo hace un año en Mexicali al cancelarse la planta cervecera Constellation Brands, tras una “muy científica” consulta popular.

El golpeteo al empresariado se ha enfocado en el sector energético desde abril del año pasado. Ese mes se decide que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) le meta lupa a la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En mayo se oficializa este acuerdo publicándose en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El mes pasado se da a conocer la Iniciativa de Reforma al SEN y en la semana previa un juez federal suspende por tiempo indefinido la reforma legal que da preferencia a la CFE sobre las empresas privadas.

Esta decisión, “puso con los pelos de punta” al mandatario y de inmediato arremetió contra “los malos de la película”, o séase los empresarios.

WALMART, BIMBO Y OXXO

Lugo de la negativa judicial a la Reforma Eléctrica, el Presidente -que no deja de maniobrar como candidato- se les fue a la yugular a Walmart, Bimbo y Oxxo.

A las tres grandes compañías las exhibió (así a la ligera) porque “se oponen a las medidas de la 4T en el sector eléctrico”.

Por ello adelantó que daría a conocer cuánto pagaba cada una de luz.

Oxxo no se esperó al “descobije” y reveló horas después que en el 2020 sus tiendas habían pagado a la CFE mil 576 millones de pesos.

Fomento Económico Mexicano (Femsa) -agrupación que es dueña mayoritaria de las acciones de Oxxo- señaló en comunicado que “actuamos siempre apegados a la legalidad: El suministro de energía renovable que surte a nuestras operaciones nunca ha ido en perjuicio del Estado mexicano. Los contratos correspondientes son legales y legítimos”.

Hasta el momento ni Walmart ni Bimbo han emitido comunicado a respecto.

En ventas anuales la cadena comercial norteamericana supera a las tiendas Oxxo casi cuatro veces y Bimbo cerca de dos veces. Si ambos corporativos se asemejan a Oxxo en el gasto de luz, la facturación global de las dos habría sido superior a los 7.4 mil millones de pesos en el 2020. Entonces, la bolsa global percibida por CFE, proveniente de las tres empresas señaladas, andaría por los 9 mil millones.

En suma, dado que el Estado de Derecho se tambalea y crece la incertidumbre, la inversión total se desploma. El año pasado retrocedió 18.3%; la caída más pronunciada desde 1995.

REVUELTA EN PUERTA

En el Valle del Yaqui y Mayo ronda el “fantasma de la expropiación de tierras” de 1976 ante el crecimiento de operaciones ilegales que seudo-líderes sociales buscan hacer legales maniobrando en la Sedatu.

Terrenos privados están siendo inscritos como nacionales y hasta el momento se reportan 55 mil hectáreas en litigio. En tiempos electorales, el Gobierno federal podría enarbolar la bandera de la justicia social y de un plumazo dejar en la calle a los particulares.

JAVIER VILLEGAS ORPINELA

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