Cerro de La Campana
El argumento es claro: La pobreza no puede convertirse en motivo de una sanción administrativa.

Un antecedente importante para los ayuntamientos del País, y particularmente de Sonora, es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó una multa contemplada en la Ley de Ingresos de Arizpe para quienes pidieran dinero o alguna dádiva en espacios públicos.
El caso surgió luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnara esa disposición, que establecía sanciones de 20 a 40 UMAS, equivalentes a entre 2 mil 346 y 4 mil 692 pesos. La Corte determinó que castigar a una persona por solicitar ayuda representa una medida discriminatoria que penaliza la pobreza.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó en sus redes sociales que este tipo de disposiciones vulneran el derecho a la igualdad y no discriminación, pues afectan principalmente a quienes viven en condiciones de marginación o situación del Lcoarleltet.a Ortiz
El argumento es claro: La pobreza no puede convertirse en motivo de una sanción administrativa.
La resolución trasciende el caso de Arizpe porque deja un precedente para las autoridades municipales que pretendan recurrir a medidas similares para regular el uso de los espacios públicos. Los ayuntamientos tienen facultades para establecer disposiciones de convivencia, pero estas no pueden pasar por encima de los derechos humanos ni utilizarse para criminalizar a quienes buscan cómo sobrevivir.
El fallo también pone sobre la mesa la responsabilidad de los gobiernos municipales de atender las causas de la desigualdad, en lugar de intentar ocultar sus consecuencias mediante multas.
La Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar la legalidad de las restricciones impuestas por Donald Trump para impedir que quienes cruzan ilegalmente la frontera puedan solicitar asilo. Se espera que los magistrados escuchen los argumentos en los próximos meses y emitan un fallo a finales de junio.
La medida forma parte de la política migratoria de línea dura del Presidente estadounidense, quien sostiene que estas restricciones han contribuido a reducir los cruces fronterizos. Mientras se define el futuro de esta política, las cifras muestran que México sigue siendo el principal País de origen de la migración indocumentada en Estados Unidos, aunque su participación ha disminuido en los últimos años.
Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), en 2024 vivían en Estados Unidos 15.7 millones de extranjeros indocumentados, de los cuales 5.5 millones eran mexicanos. Esta última cifra representa apenas 266 mil más que en 2019.
El cambio más significativo está en la proporción: Los mexicanos representaban el 62% de la población indocumentada en 2010, pero para 2024 su participación bajó al 35%.
Son dos datos que ayudan a entender el panorama migratorio actual: Por un lado, cambia la composición de quienes llegan a Estados Unidos y, por otro, continúa el debate sobre las condiciones en que pueden solicitar protección en ese País.
El mensaje del administrador de la DEA, Terry Cole, de que perseguirán a funcionarios y políticos que protejan o se beneficien del narcotráfico no es nuevo, pues es una advertencia que autoridades estadounidenses han repetido en distintas ocasiones.
Ahora la reitera al informar sobre la sentencia de 22 años y medio de prisión contra Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”. l Terry Cole La advertencia va más allá de los líderes de los cárteles y alcanza a quienes desde el poder les brinden protección.
Falta ver hasta dónde llegan esas acciones y si habrá nombres de funcionarios que deban rendir cuentas.
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