Enfrenta Congreso conflicto laboral

Un conflicto laboral enfrenta la 62 Legislatura, luego de que doce directores y subdirectores fueron separados de sus cargos el 11 de septiembre, pero siguieron trabajando hasta que los diputados actuales les pidieron que dejaran la responsabilidad.

Esta decisión no fue bien vista por los ahora ex funcionarios, quienes acudieron a un juez para ampararse, pero les fue negado este derecho.

Ernestina Acosta Valenzuela, coordinadora parlamentaria de Morena, explicó que estas personas, quienes laboraron durante los últimos 10 días, solicitaron un amparo ante el Juez Segundo de Distrito de Hermosillo y se les negó porque ya no laboran en el Poder Legislativo.

La también presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política indicó que en caso de regresar estarían usurpando funciones, por lo que espera poder analizar el caso y llegar hasta las últimas consecuencias.

"Parece que ya están expulsados, me acaba de llegar un amparo que ellos tienen, un amparo en ruta jurídica, se les negó la suspensión; yo plantearía que están usurpando funciones", manifestó.

Entre los empleados administrativos están Ana Teresa Teros Hernández, José Ángel Barrios García, Jesús Antonio Contreras Hermosillo, David Suilo Orozco, Moisés Abraham Navarro Gómez, Elia Margarita Bustamante Pérez, así como Sylvia Isela Matrecitos Maldonado.

Además de Ramón Hunab Ku Morales Delgado, Jazmín Paloma Valenzuela Cárdenas, Carlos Felipe Lugo Grijalva, Alberto Nevares Grijalva, Nohelia Denice Siqueiros Córdova, Raúl Rolando Yeomans Macías, Rafael Jaime Mungarro, Mariano Ceceña Sacarías y Miguel Ángel Villalba Vázquez.

"Estas personas son los que se ampararon, pero fueron removidos de la mesa directiva de la pasada legislatura, la diputación permanente el 11 de septiembre de 2018, y les fue negada la suspensión y está el amparo", señaló.

Los trabajadores se ampararon por segunda vez, pero se les negó porque legalmente ya no son trabajadores, por lo que desde ayer por la tarde ya no regresaron al Congreso del Estado.

Acosta Valenzuela afirmó que el asunto será revisado minuciosamente con los abogados, pues fueron actos ilegales los que realizaron los 12 empleados.