Cerro de La Campana
Desde el máximo tribunal de la Nación se puso punto final al litigio de Buenavista del Cobre, minera de Grupo México que opera en Cananea, al confirmar una multa de 18.4 millones de pesos por violaciones ambientales.

Desde el máximo tribunal de la Nación se puso punto final al litigio de Buenavista del Cobre, minera de Grupo México que opera en Cananea, al confirmar una multa de 18.4 millones de pesos por violaciones ambientales registradas en 2022 y 2023.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia es definitiva y ha tenido impacto en Sonora porque, a decir de pobladores y organizaciones ambientalistas, exhibe una práctica que han denunciado y es que se opera por encima de los límites autorizados y que se corrigen irregularidades hasta después de enfrentar consecuencias.
La sanción, de acuerdo con lo informado ayer, es porque la minera excedió la producción permitida de concentrado de cobre-molibdeno, modificó instalaciones sin autorización ambiental, operó equipos fuera de su licencia y rebasó los niveles de ruido establecidos. Por su lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también advirtió posibles afectaciones a la salud de comunidades cercanas y a los recursos naturales. La decisión del presidente de la Corte,
l Hugo Aguilar Hugo Aguilar Ortiz, fue desechar el último recurso de la empresa, dejando firme una sanción que no pudo revertirse por la vía judicial. Sin embargo, hay quienes se cuestionan si el monto de la multa es suficiente para disuadir a la empresa de incumplir las normas ambientales que afectan a las personas y el entorno.
Quienes han seguido de cerca este problema explican que, aunque este fallo judicial se centra exclusivamente en las irregularidades operativas de 2022 y 2023, ocurre en la misma minera donde se registró el derrame tóxico de 2014 en los ríos Bacanuchi y Sonora, cuyas consecuencias en la salud y el agua ha sido señaladas por autoridades y habitantes de siete municipios.
Todo hace indicar que en el relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en lugar de lograr el consenso y un proceso con celeridad, se aplicará la “aplanadora” legislativa y los tiempos se prolongarán porque en la Cámara de Diputados no hay acuerdos.
Esto, después de que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que el consenso para elaborar la convocatoria quedó prácticamente descartadloR,iqcauredopMoo-nreal dría aprobarse con la mayoría de Morena y sus aliados, y que su lanzamiento se demoraría hasta el año entrante debido a que el PAN presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral y eso implicaría esperar la resolución, lo que tardaría más de 20 días.
Mientras tanto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusa a la llamada Cuarta Transformación de intentar “adueñarse” del INE y reclama a la Fiscalía General de la República avances en las denuncias por presuntas irregularidades porque ya transcurrieron tres semanas
l Jorge Romero sin que se conozca la situación de las investigaciones en el Instituto y que la destitución o renuncia de la hoy ex presidenta Guadalupe Taddei no es suficiente.
Dada la crisis que enfrenta el INE, lo que advierten diversas voces es el riesgo de que la próxima presidencia surja de un procedimiento cuestionado por la incapacidad o falta de voluntad de las fuerzas políticas para acordar un perfil que ofrezca independencia, legitimidad y garantías a todos.
Así que los legisladores lejos de resolver lo que sucede en el Instituto parecen dispuestos a complicarlo más con todas las implicaciones que eso pueda tener en la organización y la credibilidad de las elecciones de 2027.
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