Familias y empresas sostienen a Gobierno

Efecto Multiplicador

Para muchos el sector gubernamental es el que pone en marcha a las economías de las naciones, de los estados y de las ciudades; por lo tanto, deben engordar lo más que se pueda a costa de las familias y empresas, ya que es el que genera la riqueza.

Sin embargo, tal aseveración es incorrecta, pues antes del ministerio estuvo la familia, antes de la secretaría de Economía estuvo el comerciante, antes de los planes nacionales de desarrollo estuvieron el agricultor, el artesano, el inventor, el trabajador, el empresario y un largo etcétera.

La secuencia histórica es importante repasarla porque buena parte de la política moderna ha terminado invirtiéndola; los gobiernos se presentan como los creadores originales de la riqueza cuando, en realidad, deben administrar, regular y redistribuir buena parte de los recursos que previamente genera la sociedad (familias y empresas).

El padre de la economía, el escocés Adam Smith, lo comprendió desde 1776; su libro la riqueza de las naciones no surgía fundamentalmente de órdenes gubernamentales, sino de la especialización, el intercambio, la división del trabajo y millones de decisiones descentralizadas.

Friedrich Hayek, economista, jurista y filósofo austriaco, añadió después una aportación para los planificadores relativa a que ningún Gobierno posee toda la información dispersa entre consumidores, trabajadores y empresarios necesaria para decidir eficientemente qué producir, cuánto producir y a qué precio.

Joseph Schumpeter, economista y sociólogo (también austriaco), colocaría después al empresario innovador en el centro del capitalismo. Su famosa “destrucción creativa” explica buena parte del progreso económico: Nuevas empresas, productos y tecnologías desplazan continuamente estructuras anteriores.

¿Dónde queda entonces el Gobierno?

En un sitio mucho más importante que el de simple espectador, pero diferente del protagonista económico.

Douglass North, Nobel de Economía 1993 e historiador estadounidense, enseñó que las instituciones constituyen las “reglas del juego” y que determinan los incentivos de una sociedad. También advirtió que las instituciones no siempre se diseñan para maximizar el bienestar colectivo; frecuentemente reflejan los intereses de quienes poseen suficiente poder para definir las reglas.

Daron Acemoglu (de Turquía) y James Robinson (británico), destacados economistas conocidos por su teoría de que la prosperidad de las naciones depende de la calidad de sus instituciones, han profundizado precisamente esa idea de que las diferencias duraderas de prosperidad entre países dependen poderosamente de la calidad institucional.

Cuando éstas amplían oportunidades y limitan la concentración del poder, favorecen inversión e innovación; en contraste, cuando son capturadas por élites económicas o políticas, pueden convertirse en mecanismos extractivos.

En esta lógica, el enemigo del desarrollo no es el Estado grande por definición; es el Estado extractivo, ineficiente o capturado.

Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega poseen gobiernos mucho mayores que México y, sin embargo, combinan mercados altamente competitivos, empresas privadas globales, seguridad jurídica y servicios públicos eficaces.

Los números desmontan cualquier explicación basada exclusivamente en tamaño.

En el 2023, el gasto gubernamental mexicano representó apenas el 27.4% del PIB, frente a un promedio de 42.6% entre los países de la OCDE.

¿Qué obtiene el ciudadano por cada peso que entrega al Estado?

El Gobierno debe proporcionar seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles. Si no entrega esos bienes públicos y, simultáneamente, aumenta burocracia, subsidios improductivos, empresas estatales deficitarias o regulación, entonces comienza a quitar oxígeno precisamente a quienes generan la base productiva.

Elinor Ostrom, primera mujer en ganar el Nobel en el 2009, desmontó otro falso dilema: No todo debe resolverlo el mercado ni todo tiene que administrarlo una burocracia central.

Sus investigaciones mostraron que comunidades y asociaciones pueden gobernar recursos colectivos eficazmente mediante arreglos descentralizados.

Su aportación reivindica justamente a ese tercer actor frecuentemente olvidado: La sociedad organizada.

Y existe incluso una réplica poderosa desde posiciones favorables a un Estado más activo.

Mariana Mazzucato, economista italoestadounidense, especialista en economía de la innovación y valor público, ha demostrado que detrás de muchas innovaciones existen inversiones públicas de alto riesgo y políticas de largo plazo.

Su argumento no consiste simplemente en agrandar burocracias, sino en construir capacidades estatales capaces de impulsar innovación y misiones productivas.

Las familias crean capital humano y ahorro; las empresas combinan capital, trabajo, conocimiento y riesgo.

El Gobierno debe proporcionar el terreno institucional y parecerse al árbitro de un gran partido, estableciendo reglas claras, impidiendo trampas, protegiendo a los participantes y garantizando competencia.

La prosperidad no exige desaparecer al Estado, más bien exige ponerlo en su sitio.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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