Cerro de La Campana

De nuevo se ha abierto el debate para analizar la posibilidad de juzgar como adultos a los menores de edad de 15 a 17 años cuando cometen delitos de alto impacto y ahora se plantea un parlamento abierto en el Congreso de la Unión para revisar a fondo esta iniciativa.

La propuesta de reducir la edad legal surge del alcalde panista de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, y lo que dijo el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, es que será abordada con una discusión técnica y no sólo política.

Hay quienes ven necesario hacer un cambio ante los casos de menores en delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro o violación que se han presentado en algunas entidades como Baja California y hace poco también en Sonora, donde una adolescente de 15 años, Leyla, fue asesinada en Sonoyta por dos menores, la agresora de 15 años recibió una sanción de 2 años y 10 meses de internamiento y la otra, de 13 años, le indicaron 11 meses de libertad asistida, lo que indignó a la sociedad y a la madre de la víctima, quien rechazó la reparación de daño moral (poco más de 5 mil pesos para ambas) y ha exigido cambios en el sistema de justicia para adolescentes en México.

Donde ya tienen todo listo para meter orden en las concesiones es en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) porque hoy inicia la primera etapa de regularización en un proceso que llevará un año.

Miles de usuarios con títulos vencidos de Sonora y todo el País, sean de uso doméstico, urbano, agrícola, pecuario, acuícola, podrán buscar certeza jurídica sobre sus derechos de aprovechamiento, sin embargo, se advierte que este trámite no será automático porque la Conagua, que encabeza Efraín Morales López, revisará el uso real del agua durante los últimos dos años y conciliará los volúmenes concesionados con los efectivamente utilizados.

Esto, según el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se hará tomando en cuenta criterios como la seguridad hídrica, el abastecimiento humano y la conservación de los ecosistemas.

La medida llega en un momento complejo para entidades como Sonora, donde la sequía que se ha presentado en los últimos años ha convertido el agua en un asunto estratégico, por lo que ordenamiento es necesario para evitar conflictos y mejorar el manejo del líquido.

Lo que esperan muchos es que haya transparencia en este proceso de regularización de títulos de concesión y asignación de aguas nacionales y que se aplique con criterios técnicos, equidad y sin privilegios para realmente mejorar el ordenamiento hídrico.

Aunque el Plan México es la gran apuesta del Gobierno federal para impulsar el crecimiento económico y con ello mejorar la calidad de vida de la gente, los expertos ven que aún no ha logrado despegar.

Hay voces que explican que la principal barrera no es la falta de visión sino la capacidad del Estado de ejecutar esta estrategia presentada en enero de 2025 con el apoyo del sector privado para buscar inversiones productivas por más de 277 mil millones de dólares y enfrentar la política arancelaria estadounidense.

Entre los factores que consideran que inciden en que aún no se consigan los objetivos, los especialistas señalan la baja recaudación fiscal, la informalidad que genera más de la mitad del empleo y una inversión pública insuficiente, lo que reducen el margen para financiar infraestructura, innovación y servicios estratégicos.

Es decir, ven que el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum es correcto, pero falta mayor soporte de la banca de desarrollo, políticas públicas e incentivar la inversión privada.