Irrumpe en Sonora ‘huachicol ganadero’

Efecto Multiplicador

En medio de la problemática económica que se registra en el País (y que las estadísticas oficiales y los pronósticos la avalan), se aparece y crece en Sonora el ‘huachicol ganadero’.

Esta práctica no es precisamente un delito nuevo, sino una cadena clandestina que combina abigeato (robo de ganado), alteración de aretes (para ocultar los hurtos), falsificación de guías de tránsito (que legalizan los traslados de animales robados), introducción de ganado sin trazabilidad, sacrificio irregular y comercialización de carne o ganado con apariencia legal.

No tomar en cuenta la trazabilidad significa que se está ingresando ganado o animales de producción a una granja, país o región sin documentación que registre su origen, vacunas, tratamientos o historial de movimiento. Este tipo de ejercicio representa un alto riesgo sanitario, legal y comercial para la industria ganadera y la salud pública.

La palabra ‘huachicol’ se ha normalizado en México desde el sexenio pasado.

Este sustantivo, es definitivamente un término nacional que se utiliza principalmente para referirse al combustible (gasolina o diesel) robado o adulterado. Originalmente, la palabra se refería a bebidas alcohólicas adulteradas o de baja calidad, pero en los tiempos actuales el concepto se ha ampliado al ámbito delictivo y económico.

Específicamente el ‘huachicol ganadero’ encuadra en abigeato, fraude, falsificación documental, contrabando y delitos sanitarios. El Código Penal sonorense castiga el robo de ganado bovino con penas de cuatro a 10 años de prisión, que aumentan cuando se trata de sementales o pie de cría.

¿Qué tanto valor puede destruir una red criminal capaz de contaminar la trazabilidad de una industria exportadora?

A la fecha no existe una estadística pública que mida integralmente el ‘huachicol ganadero’ en Sonora. Las cifras oficiales registran carpetas de investigación por abigeato, pero no contabilizan de manera completa el ganado no denunciado, la documentación clonada, los animales ‘blanqueados’, las operaciones de compra-venta informal ni la carne colocada en circuitos clandestinos.

Por ende, cualquier número global sería especulativo. La ausencia de medición, sin embargo, no significa ausencia del problema; significa que el Estado todavía observa sólo una fracción del fenómeno.

Empero, el tamaño del sector ganadero en la entidad permite dimensionar el riesgo. Durante el ciclo ganadero 2022-2023, Sonora exportó 271 mil 126 cabezas de ganado a Estados Unidos, equivalentes al 30% de las exportaciones nacionales, con una derrama de 4 mil 561 millones de pesos. Fue el segundo exportador ganadero del País, sólo detrás de Chihuahua.

Esta posición descansa en un activo mucho más valioso que una res, que es el estatus sanitario. Sonora vende porque puede demostrar origen, vacunación, inspección y trazabilidad. Una red que introduce ganado robado o procedente de regiones sin controles no solamente perjudica al propietario sino que pone en riesgo la reputación de todo el sistema. Ahí está el verdadero costo económico.

El robo directo quizá represente decenas de millones de pesos; una crisis de confianza sanitaria puede cancelar mercados por cientos o miles de millones. Las suspensiones recientes de exportaciones mexicanas por el gusano barrenador, demuestran que una contingencia sanitaria puede inmovilizar cientos de miles de cabezas y generar pérdidas nacionales de cientos de millones de dólares.

Sonora y Chihuahua están resultando especialmente vulnerables porque concentran buena parte del comercio fronterizo de ganado en pie.

El ‘huachicol ganadero’ opera, además, como impuesto criminal, ya que eleva el gasto en vigilancia, cercos, transporte, seguros, identificación y trámites; reduce el valor de ranchos ubicados en zonas inseguras; desalienta la inversión y golpea con mayor fuerza al pequeño productor, para quien perder 10 animales puede significar perder el capital de varios años.

Luego entonces, Sonora necesita dejar de tratar el fenómeno como simple robo rural. Requiere una unidad especializada de inteligencia pecuaria; interoperabilidad en tiempo real entre Fiscalía, Sagarhpa, Unión Ganadera, rastros y autoridades municipales; lectura electrónica obligatoria de aretes en subastas, corrales y puntos de movilización; auditorías aleatorias de guías; georreferenciación de rutas; padrón verificable de compradores y sanciones efectivas a rastros y comercializadores que reciban animales sin trazabilidad.

También se necesita publicar trimestralmente cuatro datos: Denuncias, cabezas recuperadas, valor estimado de las pérdidas y procedimientos por falsificación o movilización irregular. Lo que no se mide termina protegido por la oscuridad.

El ‘huachicol ganadero’ puede no ser todavía el mayor delito patrimonial de Sonora, pero sí es uno de los pocos capaces de convertir el robo de una res en una amenaza para una industria exportadora de miles de millones de pesos. Los focos amarillos se han encendido.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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