Cerro de La Campana

Las declaraciones de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, envían un mensaje que va más allá de los cárteles: La presión ya no estará enfocada únicamente en quienes trafican drogas, sino también en quienes desde posiciones de poder les permiten operar.

La afirmación no es menor. Durante años, el combate al narcotráfico se concentró en capturar líderes criminales, decomisar cargamentos o destruir laboratorios.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que las organizaciones delictivas rara vez sobreviven únicamente por su capacidad de violencia; lo hacen porque cuentan con redes de protección política, financiera e institucional que les facilitan el camino.

Cuando Washington habla de obtener órdenes contra funcionarios que hayan colaborado con grupos criminales, coloca el foco en una de las áreas más sensibles de la relación bilateral: La corrupción vinculada al crimen organizado. Se trata de un terreno complejo porque toca directamente la soberanía de los países y la confianza entre gobiernos.

También resulta significativo que Carter haya reconocido una colaboración más estrecha con el Gobierno de Claudia Sheinbaum. En un contexto donde la relación México-Estados Unidos suele tensarse por temas de seguridad, migración y comercio, el intercambio de información aparece como una de las pocas áreas donde ambos gobiernos parecen coincidir.

Sin embargo, el verdadero reto no será anunciar operativos ni destacar decomisos. La prueba estará en demostrar que las investigaciones pueden alcanzar a quienes facilitan la operación de los grupos criminales desde oficinas públicas, estructuras financieras o espacios de influencia política.

Desde hace días, el acecho ya es considerado un delito en Sonora, luego de que las reformas al Código Penal del Estado fueran publicadas en el Boletín Oficial.

La nueva legislación define el acecho como una forma de violencia que se ejerce mediante conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, hostigamiento o contacto no deseado, por cualquier medio, y que tienen como consecuencia alterar de manera significativa la vida cotidiana de la víctima, generándole temor, ansiedad o angustia.

Con estas modificaciones, los jueces podrán imponer penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas de hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien resulte responsable.

La iniciativa impulsada por Morena explica que la propuesta surgió tras escuchar testimonios de personas que viven en silencio este tipo de agresiones: Vigilancia constante, mensajes insistentes, llamadas repetitivas o la presencia reiterada de alguien en espacios cotidianos.

La bancada morenista subrayó que no se trata de criminalizar cualquier molestia, sino de otorgar herramientas legales para proteger a quienes sufren conductas invasivas y persistentes que vulneran su tranquilidad y libertad.

El proceso de consulta incluyó encuentros con estudiantes del Cobach de Álamos, el Conalep de Huatabampo y la Universidad Tecnológica de Etchojoa, donde jóvenes expresaron su preocupación por nuevas formas de violencia ejercidas a través de redes sociales, teléfonos celulares y medios digitales.

La buena noticia para Sonora es que ya iniciaron las lluvias, principalmente en la Sierra, lo que cargará mantos acuíferos y ayudará a la recuperación de las presas.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, las precipitaciones fueron en Tepache, Arizpe (por segundo día consecutivo), La Colorada y Aribabi, así como Querobabi.

Las presas hasta ayer almacenaban mil 568.5 millones de metros cúbicos, más que el año pasado en estas mismas fechas cuando se tenían 912.6 millones de metros cúbicos. De acuerdo con la Conagua, las lluvias de verano seguirán.