Ni dividir al pueblo ni dar cifras alegres

EFECTO MULTIPLICADOR

En los últimos años se ha intensificado en México la práctica de la división social y simultáneamente se han dinamizado los anuncios de inversiones de todos los calibres.

En esta vertiginosa y confusa realidad, Morena marca la pauta del quehacer político en el País y la oposición se empequeñece; la economía nacional se estanca, pero los gobiernos aseguran que hacen “inversiones históricas” en beneficio de las mayorías.

¿Esto sucede en nuestro País por qué la clase política es en esencia perversa?

No; lo que ahora vivimos en México obedece más a incentivos institucionales débiles que a la existencia de malos políticos.

Cuando el sistema permite o incluso premia la división social y la exageración de logros, esas conductas tienden a volverse norma.

En sistemas democráticos de alta competencia, los actores políticos se mueven con la consigna de ganar elecciones para mantenerse en el poder y controlar la narrativa pública.

De esta forma dividen movilizando a las bases con el lema: “nosotros contra ellos” y exageran logros con cifras alegres para proyectar éxito inmediato.

Los políticos saben que el votante promedio responde más a mensajes emocionales que a datos técnicos verificables.

Al cabo (dirán los políticos), las sanciones por dividir al pueblo no existen en México ni tampoco los castigos por mentir con estadísticas.

Además, en caso de que procedan algunas sanciones su aplicación es lenta y poco efectiva; el costo político por mentir es mínimo y la verificación de datos no siempre impacta electoralmente.

Entonces, decir medias verdades o inflar cifras no tiene castigo inmediato o, lo más seguro, es que nunca lo tendrá.

Por tanto, los incentivos para dividir y engañar son muy altos en México en los tres niveles de gobierno.

Hoy la política se parece más al marketing que a la administración pública: Se anuncian inversiones antes de concretarse, se comunican montos “comprometidos”, no ejecutados, se privilegia en los medios el título de la nota, no la sustancia.

Esto es especialmente visible en temas como los grandes proyectos de infraestructura y las inversiones energéticas.

Al final de cuentas -dirán los políticos-, el anuncio genera más rédiImpredecible político que la ejecución; por ende persistirán los maquillajes.

QUE CUESTE DIVIDIR Y MENTIR

Cuando la competencia política es intensa, segmentar a la sociedad reduce la complejidad del debate y moviliza bases. Pero cuando esa lógica se traslada al aparato del Estado -cuando el discurso oficial estigmatiza, clasifica o descalifica-, se rompe el principio básico de una república.

Se supone que la autoridad gobierna para todos, no para una fracción moralmente superior. La política puede ser conflictiva; el Estado no debe serlo.

El vicio de las cifras alegres es más silencioso, pero igual de corrosivo. No se trata de errores técnicos ni de debates metodológicos, sino de la manipulación deliberada, la opacidad selectiva o la presentación parcial de datos para sostener una narrativa.

Cuando los números dejan de describir la realidad y comienzan a servir al poder, la política económica pierde ancla. Sin datos confiables no hay diagnóstico; sin diagnóstico no hay política pública eficaz.

La pregunta no es moral (todos coincidimos en que “no mentir” y “no dividir” son deseables), sino institucional: ¿cómo hacer costoso para el Gobierno dividir y maquillar? La respuesta pasa por reglas claras y, sobre todo, por incentivos y sanciones.

La economía contemporánea descansa en la confianza.

Inversionistas, cadenas de suministro y proveedores toman decisiones con base en información. Si los datos no son creíbles, el Riesgo País aumenta, el costo de capital se eleva y las oportunidades se diluyen. La credibilidad estadística es un activo productivo.

Por eso, la agenda no es ideológica, es institucional. No se trata de uniformar el pensamiento ni de censurar la política, sino de delimitar el uso del poder.

La pluralidad debe vivir en los partidos y en el debate público; la seriedad debe vivir en el Estado.

Una nación que aspire al desarrollo sostenido necesita dos compromisos mínimos: No dividir desde el poder y no alterar la realidad. Todo lo demás como políticas, programas, prioridades, puede y debe discutirse. Pero sin estos cimientos, la discusión se vuelve estéril.

Ciertamente no es posible obligar a un Gobierno a decir siempre la verdad ni a evitar todo conflicto político. Pero sí es posible y urgente construir un sistema donde dividir y mentir cueste. Porque cuando el poder deja de tener costos por hacerlo, el País entero paga las consecuencias. Para muestras: Las reformas que dividen y la economía que desacelera.