Cuesta inseguridad 335 mil mdd al año

Efecto Multiplicador

El impacto económico de la violencia en el País equivale al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano y hasta un 14% en el PIB sonorense, de acuerdo a cálculos que publica “Mexico Peace Index 2025”.

Las estimaciones realizadas por el equipo de expertos del Institute for Economics & Peace (IEP) son de alcance macroeconómico por lo que en el análisis se consideran los costos asociados a homicidios y otros delitos violentos; además los gastos público y privado para contener o protegerse de la violencia, así como las pérdidas indirectas en cuanto a eficiencia, inversión, actividad económica, entre otros.

A nivel estatal se apunta que uno de cada siete pesos generados por la economía se pierde por efectos directos e indirectos de la inseguridad, incluyendo: Gasto en seguridad privada, pérdida de productividad, interrupciones logísticas, desinversión pública, inhibición de inversión privada, reducción del turismo y comercio.

Evidentemente esta carga económica limita la capacidad de Sonora e impide el crecimiento económico sostenido y la atracción de inversión extranjera, nacional y regional. Incluso las inversiones locales se ralentizan.

En pesos y en dólares ¿cuál es la magnitud del golpe de la inseguridad a la economía nacional y a la estatal?

En moneda mexicana es de más de 6 billones monto que en la divisa estadounidense (considerando un tipo de cambio de 18 pesos por dólar) significan 335 mil millones; a nivel Sonora el boquete económico es superior a los 155 mil millones de pesos, cifra equivalente a 8 mil 600 millones de dólares.

En el listado “Mexico Peace Index 2025” Sonora aparece entre las entidades menos pacíficas de México, muy cerca de Sinaloa, Colima, Guerrero y Tabasco.

En términos generales, 24 estados se han deteriorado en materia de paz desde el 2015 (a partir de la segunda mitad de la administración de Peña Nieto), mientras que ocho han mejorado.

Desde hace poco más de 10 años la tasa nacional de delitos con violencia ha aumentado más de 14%, impulsada por un incremento de 137% en violencia sexual y de 102% en violencia familiar.

En suma podríamos decir que una reducción del 10% en el impacto económico de la violencia sería superior al gasto total del Gobierno federal en infraestructura física, incluyendo transporte, escuelas, hospitales, tecnologías de la información, servicios públicos e infraestructura urbana.

Entonces, la inseguridad pública no es sólo un problema policiaco; es un síntoma estructural.

En países subdesarrollados y emergentes como México, es más visible y persistente que en los del “primer mundo” por una combinación de factores.

Uno de éstos es la debilidad del Estado al evidenciar que no tiene el monopolio efectivo de la fuerza. En tal caso las instituciones son frágiles: Policías mal pagadas, fiscalías saturadas, jueces vulnerables.

Por si fuera poco hay carencia de confianza social, pues la ciudadanía no cree que denunciar sirva.

En contraste, en los países desarrollados, el Estado sí logra imponer reglas, cobrar impuestos y sancionar.

La desigualdad económica y la exclusión social que impera en México también le abonan a la inseguridad. Grandes sectores de la población están fuera del mercado formal y un gran porcentaje de la juventud está sin movilidad social real en tanto las economías informales conviven con mercados ilegales.

Así que cuando los fines sociales no se pueden alcanzar por medios legales, surgen vías ilícitas.

En este entorno, las economías criminales son rentables. En muchos países emergentes el crimen sí paga (drogas, trata, contrabando, extorsión).

Una gran cantidad de economías criminales tienen ventajas comparativas ilegales por su ubicación geográfica, debilidad fronteriza y corrupción.

El crimen organizado sustituye al Estado: Cobra “impuestos”, da empleo, impone orden.

En países desarrollados también hay crimen, pero no domina territorios.

La inseguridad se vuelve estructural cuando los policías protegen delincuentes, los ministerios públicos archivan casos y los políticos financian sus campañas con dinero ilícito. El problema no es sólo el crimen, sino la impunidad.

Países con alta inseguridad ‘acostumbran’ tener tasas de impunidad superiores al 90%.

Sobre el estado de Derecho, los países emergentes lo tienen muy débil.

La diferencia clave no es cuántos delitos ocurren, sino la certeza del castigo.

En países desarrollados hay baja probabilidad de cometer un delito sin consecuencias.

En los emergentes los procesos judiciales son previsibles.

En conclusión, en las naciones desarrolladas el crimen está controlado, las instituciones son fuertes y los castigos son creíbles.

Mientras que en los emergentes el crimen es rentable porque las instituciones son débiles y la impunidad está al máximo. México vive desde antier un punto de inflexión; esperemos sea para bien.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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