Crece inseguridad y decrece economía

Efecto Multiplicador

La correlación entre la inseguridad pública y el desenvolvimiento económico es notoriamente alta, estrecha y más dañina cuando la primera alcanza niveles desproporcionados como es el caso de México.

El crecimiento potencial del País en materia económica, está dañado desde hace por lo menos 25 años desde la irrupción del crimen organizado en diversas regiones del territorio nacional. El efecto multiplicador de la inseguridad en cualquier economía es negativo.

En los albores del presente siglo y de forma clara y persistente a partir del 2007-2008, la inseguridad pública en México empieza a dañar el PIB nacional.

Antes del año 2000 el efecto adverso de la inseguridad era marginal.

Entonces el crimen existía, pero no alteraba decisiones macroeconómicas (inversión, localización productiva, turismo, logística), ya que el PIB respondía principalmente al ciclo económico de Estados Unidos, al desempeño de la apertura comercial (TLC) y a la estabilidad económica.

Previo al 2000 no se tiene evidencia estadística sólida sobre el impacto agregado del crimen en la actividad productiva del País.

Del 2000 al 2006 las señales emitidas sobre la presencia del crimen organizado eran locales-regionales no nacionales; en ese entonces crecían los delitos patrimoniales y la violencia focalizada. Empero, el PIB nacional no se veía afectado de forma numéricamente clara.

En todo caso la inseguridad pública empezaba a ser un costo microeconómico, no macroeconómico.

Pero del 2007 al 2012 se presenta en el País una especie de ‘quiebre estructural’.

Con el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón, ocurre un cambio clave. Explota la cantidad de homicidios, se dispara la violencia territorial, suben los costos empresariales, se deteriora la seguridad privada, crece la extorsión, se pierde capital humano y se da el abandono de inversiones.

Bajo este esquema, el impacto macroeconómico empieza a ser significativo, pues cae la inversión privada, también el turismo en regiones clave y, por si fuera poco, se da una reasignación ineficiente del gasto público hacia la seguridad (lo que sucede hasta la fecha).

En suma, la raíz del debilitamiento del crecimiento potencial del PIB mexicano se identifica entre el 2007 y el 2008.

Años después, del 2013 al 2018 -en el sexenio de Enrique Peña Nieto-, se normalizan los daños ocasionados por el crimen organizado.

La violencia se mantiene alta, aunque con cambios regionales, dado que el crimen organizado se diversifica metiéndose de lleno en la extorsión y en el control territorial.

En esta etapa se identifica que la inseguridad no provoca colapsos, pero sí reduce el crecimiento económico tendencial.

Estudios académicos y de organismos internacionales calculan una pérdida de 0.5 a 1.0 puntos porcentuales anuales del PIB respecto a un escenario sin violencia.

Esto nos revela que la inseguridad se vuelve un impuesto silencioso al crecimiento.

En los años recientes, del 2019 al 2024, se identifica que México padece un daño estructural consolidado con niveles históricos de homicidios, captura criminal de economías locales, expansión del ‘cobro de piso’ y del control logístico.

Por ello retrocede en el País la productividad de los factores, disminuye la inversión nacional y extranjera selectiva por lo que la inseguridad ya no es un shock, es lamentablemente una restricción estructural del PIB.

Es decir la inseguridad pública actúa como una restricción estructural al crecimiento al elevar de manera permanente los costos de inversión, fragmentar -y hasta fracturar- el espacio económico nacional, deteriorar la productividad y limitar los encadenamientos productivos, reduciendo así el PIB potencial y no sólo el PIB observado.

¿Son tan altos los incentivos económicos del crimen organizado?

Así es… El conjunto de esta jugosa actividad ilícita -con narcotráfico como principal motor-, mueve decenas de miles de millones de dólares al año en ingresos directos por drogas, con un impacto total en la economía que puede superar los 240 mil millones de dólares incluyendo costos indirectos, violencia y pérdida de productividad.

En nuestro País muchas organizaciones se diversifican más allá de las drogas: Extorsión, control territorial, trata, robo, infiltración de negocios, etc. Esto hace que ‘el valor del crimen organizado’ ya no sea sinónimo exclusivo del narco.

¿Qué otras trabas -además del crimen-, desaniman la inversión productiva en México y por tanto el desempeño económico del País?

La fragilidad institucional y regulatoria, la incompetencia política, la informalidad, la debilidad fiscal, una insuficiente infraestructura -logística, energética e hídrica-, capital humano mal enfocado y un modelo exportador que no le apuesta al valor agregado. México obligado a reinvertarse cuanto antes.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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