Se juega el domingo el estado de Derecho

Efecto Multiplicador

Para el sector empresarial mexicano y extranjero (con intereses en México), la elección judicial de este domingo 1 de junio pone sobre la mesa el frágil estatus que guarda en el País el estado de Derecho y, por ende, la incertidumbre podría agravarse aún más.

De acuerdo con líderes del sector productivo, el ejercicio que se promueve desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eliminará el contrapeso que representa el Poder Judicial.

Oficialmente se dice que busca democratizarse el acceso de todas y todos al “tercer poder” en México, aunque existen importantes riesgos relacionados con la independencia judicial, la politización y la eficacia del sistema.

El ejercicio de este domingo estará muy movido, ya que se elegirán 881 cargos: 464 magistraturas de Circuito, 386 personas juzgadoras de Distrito, quince magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos magistraturas de las Salas Superior del Tepjf.

La magnitud de la elección y la falta de información sobre los candidatos han generado confusión entre la ciudadanía y los potenciales votantes. Por lo mismo se estima una participación pírrica debido a que muchas personas desconocen a los aspirantes, lo que podría afectar la legitimidad del proceso.

A nivel País miembros de la iniciativa privada advierten que esta reforma comprometerá la independencia del Poder Judicial y agregan que la elección de jueces mediante voto popular podría abrir la puerta a la influencia de partidos políticos y del crimen organizado en el sistema judicial.

Desde el extranjero, también se escuchan las voces que se dicen sorprendidas por este “ejercicio democratizador”.

El diario británico Financial Times apunta: Los mexicanos se preparan para elegir a los jueces de su País por voto popular, en un experimento único que, según advierten grupos legales, amenaza la independencia judicial, echa por la borda 30 años de conocimiento y abre la puerta a las organizaciones terroristas.

El matutino inglés subraya que los inversionistas temen que una reforma radical imposibilite ganar cualquier caso legal contra el Gobierno mexicano.

El nuevo sistema fue impulsado por el ex presidente López Obrador, quien criticó fuertemente a los jueces que bloquearon la legislación que él favorecía, y su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha apoyado la votación, argumentando que reducirá la corrupción y aumentará la rendición de cuentas de los jueces.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa “una profunda preocupación” por la reforma, señalando que “democratizar la justicia” no puede ir en contra de la independencia judicial.

Nombrar jueces por voto popular, agrega el organismo, “dará pauta a la influencia de cuestiones políticas por encima de los méritos profesionales”, en contradicción con los estándares internacionales.

FOCOS ROJOS EN LA INVERSIÓN

Desde el punto de vista económico, analistas financieros coinciden en que la reforma introduce riesgo de inseguridad jurídica que podría afectar la inversión y la competitividad.

Las calificadoras recalcan que la politización judicial erosiona la fortaleza institucional: Moody’s señala que la nueva ley puede “politizar los dictámenes de la Suprema Corte” y comprometer la independencia del sistema judicial.

De hecho, Moody’s mantiene la nota de México en grado de inversión, pero estima un impacto “altamente negativo” sobre la calificación soberana por esta inédita reforma.

Una buena cantidad de inversionistas señalan que los jueces electos tenderán a tomar decisiones basadas en el favor de los votantes (o del partido), lo que definitivamente genera incertidumbre para proyectos de largo plazo.

Cambios legales futuros, como la revisión del T-MEC, serán más volátiles si los tribunales locales responden a lógicas electorales, lo cual será altamente probable después de pasado el ejercicio de este primer domingo de junio.

Para la Coparmex, esta reforma “compromete la imparcialidad” y genera desconfianza que “impacta negativamente la inversión y el crecimiento económico del País”.

Actores de gran influencia global como el embajador de Estados Unidos en México indican que el cambio implica un “gran riesgo” para la democracia y las leyes, pues facilitaría la interferencia de cárteles o intereses particulares en los tribunales.

En suma, a la reforma judicial en trámite se le asocia con un clima de volatilidad económica que podría rebajar el atractivo de México como destino de inversión y afectar su competitividad internacional.

Por lo pronto las inversiones productivas de mexicanos están en pausa, la Inversión Extranjera Directa (IED) pinta para frenarse y no se descarta la salida de capitales.

El “nearshoring” en la cuerda floja.

Javier Villegas Orpinela es presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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