Aprieta Trump por todos lados

Efecto Multiplicador

El Presidente estadounidense continúa en su dinámica de hacer desatinar al Gobierno mexicano y para ello despliega animosamente una serie de ‘castigos’ que buscan pegarle donde más le duela al partido en el poder, es decir, a Morena.

En este entorno, los impactos en México se sienten en todos los rubros: En el político, en el económico y obviamente en el social al inquietar al sector laboral y a los inversionistas.

Desde el pasado 20 de enero, cuando Donald Trump regresó por la puerta grande a la Casa Blanca, las amenazas contra México han estado a la orden de día.

Para abrir boca, ese lunes 20 el magnate republicano firmó la Orden Ejecutiva 14157 que designa a los cárteles mexicanos y otros entes como “organizaciones terroristas extranjeras” y “terroristas globales especialmente designados”.

Doce días después, el 1 de febrero, el Gobierno estadounidense impuso aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de México, con excepción de ciertos productos energéticos. Esta medida fue justificada ante la falta de acciones efectivas por parte de nuestro País para detener el flujo de drogas (principalmente el fentanilo), y la inmigración ilegal hacia la Unión Americana.

En abril, Trump propuso enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico con el argumento de que la violencia relacionada representa una amenaza para la seguridad de su país.

A esta cascada de advertencias hay que sumarle los golpes al sector ganadero mexicano con el tema del gusano barrenador. Sonora sufre por un Senasica debilitado.

En medio de las turbulencias, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sorteado con relativo éxito los ‘misiles’ lanzados desde Washington.

Pero a falta de resultados, Estados Unidos redobla su accionar y para ello Trump les pide más creatividad al Departamento de Estado, a sus organizaciones de seguridad (FBI, CIA e ICE), y al influyente Departamento del Tesoro que encabeza Scott Bessent.

Se asegura que el secretario de Estado, Marco Rubio, trae en su portafolio una lista de más de 40 personalidades del mundo político mexicano que estarían implicados con el crimen organizado y que de un momento a otro se darían a conocer.

Por lo pronto se ha ventilado en la opinión pública el caso de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila a quien le acaban de quitar la visa al igual que a su esposo Carlos Torres.

Al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Favila, de Morena, también le fue cancelada la visa e igualmente a siete de sus colaboradores más cercanos.

En la lista de Rubio estarían otros ‘peces gordos’ de la política mexicana. Ha trascendido que ahí aparecen los gobernadores morenistas: Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Layda Sansores de Campeche, Américo Villarreal de Tamaulipas y hasta el del partido Naranja Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco.

Del Congreso de la Unión, el titular del Departamento de Estado alcanza a ver a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López.

En el gabinete de la presidenta Sheinbaum traerían indiciado al titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado.

Bajo la lupa también estaría la directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Clara Luz Flores, así como a su esposo el histórico y perverso político nuevoleonés Abel Guerra y, para amarrar, también estarían tras los pasos del joven gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

El político de 89 años, Manuel Bartlett Díaz está en la mira y algunos generales y militares de alto rango del Ejercito mexicano. Los apretones de EU se intensifican.

PETICIÓN FUERA DE LUGAR

La mandataria mexicana dijo ayer que su Gobierno no fue notificado sobre el retiro de visa a la gobernadora de BC, por lo que instó a Washington a informar por qué tomó esa decisión.

La petición suena lógica y el grueso de la ciudadanía la aplaude, sin embargo, ningún país extranjero puede exigir legalmente una justificación completa de dichas decisiones.

Ciertamente México puede brindar asistencia consular, solicitar revisiones formales y verificar trato digno, pero no puede intervenir en la decisión migratoria de EU.

Los oficiales consulares tienen poder absoluto y no apelable para aprobar, negar o cancelar visas.

El Gobierno estadounidense, bajo su soberanía y legislación, puede negar o cancelar visas sin obligación de dar explicaciones públicas ni a gobiernos extranjeros ni al solicitante. Esta facultad es discrecional, legal y respaldada por precedentes judiciales y el Derecho internacional. Por tanto, la petición del Gobierno mexicano es a todas luces improcedente.

Javier Villegas Orpinela es Presidente del Colegio de Economistas de Sonora, director de Correo y Telegrama y profesor en el Departamento de Economía Unison.

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