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En la lista de las 50 pensiones más altas que otorga el Isssteson hay 31 servidores públicos provenientes del magisterio, con un pago mensual promedio de 100 mil pesos. La profesora con la percepción más cara recibe 142 mil 152 pesos, pero dicho monto no es el más abultado.

Un ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia recibe 158 mil 927 pesos mensuales, convirtiéndose en el pensionado más alto del Instituto; le sigue un ex secretario de Gobierno con una percepción al mes de 158 mil 815 pesos.

Los datos anteriores dan cuenta de lo que el director del organismo, Pedro Ángel Contreras López, informó el viernes:

“Las reglas de pensiones de Isssteson son muy favorables comparadas con trabajadores afiliados al IMSS o al Issste. Entre otros aspectos a destacar tenemos a un sector de pensionados que tiene montos muy altos, no hay edad mínima de jubilación, se jubilan muy jóvenes, la edad prevista en la ley para vejez es de 55 años y no hay tope a las pensiones”.

Este 2018, por pensiones, el organismo pagará 3 mil 651 millones 928 mil pesos; hace dos años el monto era mil millones menor.

Y es que servidores públicos que están por jubilarse emprenden una serie de artimañas para alcanzar pagos más altos: Profesores que consiguen plazas de directores o cambio de residencia para cotizar con cifras distintas a las que promediaron a lo largo de su servicio, y jubilados que demandan al Instituto por nivelaciones, algunas millonarias.

Asegura Contreras López que existe en Sonora “una industria legal de demandas de nivelación de pensiones”, promovidas, inclusive, por abogados que trabajaron para el propio Isssteson. Tan sólo entre 2016 y 2018 se han pagado a 210 demandantes un monto de 213 millones de pesos y están mil 500 demandas en curso con un valor estimado de mil 523 millones de pesos.

Este año, los sonorenses que no son derechohabientes del Isssteson pagarán con recursos fiscales 650 millones de pesos a los jubilados del Instituto porque el dinero aportado por los trabajadores en activo no alcanza. Es decir, personas que no reciben servicio médico ni prestaciones del Instituto mantienen a las que sí obtienen beneficios sociales del mismo.

El tema de las pensiones no es la única carga que tiene la institución, 2 mil 195 ex derechohabientes reclaman el pago de la indemnización global por 145 millones de pesos, dinero que aportaron cuando fueron servidores públicos y que tienen derecho a cobrarlo.

La Secretaría de Hacienda le debe dos mil millones de pesos de cuotas y aportaciones que retuvieron a trabajadores y a dependencias y que no fueron transferidos el sexenio anterior.

La Universidad de Sonora, según el director del Instituto, se ha negado a pagar el porcentaje de cuotas y aportaciones previsto en la Ley 38, lo que suma 13 millones de pesos al mes en los últimos doce años. Es decir, mil 872 millones de pesos en total. De hecho, en este último punto se avecina un conflicto mayúsculo con la Casa de Estudios y con sus sindicatos porque en esta semana se les notificará sobre la cancelación de los servicios a los trabajadores universitarios.

El Sindicato del Isssteson también tiene responsabilidad con sus 2 mil 312 trabajadores que detentan prestaciones adicionales a las que, por ejemplo, posee el Sutspes, que cuestan 243 millones de pesos al año.

Los directivos piensan seriamente en la posibilidad de declarar al Instituto en quiebra, pero antes exploran algunas alternativas como cobrarle a la Secretaría de Hacienda los dos mil millones de pesos que le debe y esperar la resolución de un recurso que se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para topar las pensiones y las nivelaciones.

El problema es muy serio y la aseveración de los directivos de que el Instituto se dirige a “una quiebra total y absoluta” quizá sea el preámbulo de algún planteamiento disruptivo al Congreso que pudiera cimbrar la política local, de lo contrario no se entendería la motivación que tuvo Contreras López de salir a los medios de comunicación el viernes pasado para dar a conocer estas cifras sin ofrecer claramente una solución definitiva.

He escuchado a encumbrados políticos del PRI y del PAN que “en voz alta” han pensado en el cierre del Isssteson y pasar la prestación de los servicios médicos a particulares o, en su defecto, al Seguro Social.

Por lo pronto, el próximo jueves 22 de noviembre, el primero en comparecer ante el Congreso del Estado será el director del Isssteson. Esperaremos anuncios.

Juan Carlos Zúñiga es director de Noticias de Uniradio. Premio Nacional de Periodismo 2002. Conductor del noticiero “Reporte 100” en Stereo 100.

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Juan Carlos Zúñiga

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