Espacio Público

“Aquella mujer que decide abortar, lo va a hacer, va a buscar la manera de hacerlo”, me dijo la diputada federal independiente Lucía Riojas, “por ello, el Estado mexicano debe garantizar que lo haga de manera segura, sin perder la vida o la libertad”.

Esta semana, la diputada federal de Morena por Hermosillo, Wendy Briceño Zuloaga, asumió la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro y anunció que una de sus prioridades será la de impulsar la despenalización del aborto a nivel nacional y en los estados y darle la opción a las mujeres de interrumpir un embarazo de manera segura.

Esta semana, grupos Provida en Sonora anunciaron una marcha el próximo 20 de octubre ante la amenaza de que en el País se legalice el aborto, según anunció Nancy Burruel, llamando a salvar las dos vidas, la de la madre y la del bebé.

Lo cierto es que en Sonora está cuesta arriba para los grupos promotores del aborto seguro su inclusión en las leyes, pues requiere de una reforma a la Constitución, es decir, los votos de las dos terceras partes del Congreso y el aval de las dos terceras partes de los ayuntamientos, de acuerdo con la Reforma Constitucional del 8 de agosto pasado.

De hecho, hay que recordar que se usó de manera perversa el tema del aborto para “sensibilizar” sobre los cambios a la Constitución el 8 de agosto pasado, esos que le restaron facultades al Poder Legislativo para dárselos al Ejecutivo, aun cuando el asunto de la interrupción legal del embarazo no estaba en la agenda de la mayoría que ganó en el Congreso local.

Y digo también que el tema está cuesta arriba para los grupos feministas porque no veo a los legisladores locales de la coalición Juntos Haremos Historia impulsándolo. De los 21 diputados de esta coalición, seis pertenecen al Partido Encuentro Social (PES), de ideología abiertamente evangélica, y cinco del Partido del Trabajo (PT).

Jesús Alonso Montes Piña, coordinador del PES en el Congreso, me dijo que su bancada defenderá la vida, por lo que se entiende que no apoyará una eventual propuesta para despenalizar el aborto en Sonora. En tanto, el coordinador del PT, Rodolfo Lizárraga, me respondió como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador para evadirse: “Se someterá a consulta popular”. Tampoco veo al PAN, Panal, PRI y PVEM apoyando el tema.

Es decir, de los 33 diputados del Congreso local, sólo 10 de Morena y quizá María Dolores del Río, de Movimiento Ciudadano, apoyarían una iniciativa en ese sentido. Para que se apruebe una reforma a la Constitución se requieren 22 de los 33 legisladores. Insisto: Está cuesta arriba, por lo que Nancy Burruel puede estar tranquila.

Siempre he sostenido que en Sonora hasta la izquierda es conservadora y de ahí que nuestro Código Penal sea uno de los más duros contra las mujeres que abortan: Hasta seis años de cárcel.

Según datos recabados por la periodista Priscila Cárdenas, de 2008 a 2018, la Fiscalía General de Justicia ha abierto 75 carpetas de investigación por el delito de aborto, y el Poder Judicial de 2008 a 2017 ha sentenciado con cárcel a 19 personas, 10 mujeres y nueve hombres, de entre 19 y 35 años de edad.

En Sonora, hay antecedentes de que el sistema de Salud ha sido omiso al aplicar la Norma 046 que indica que una mujer que ha sido violada debe recibir anticoncepción de emergencia y antirretrovirales para prevenir VIH. Recordemos el caso de “Citlali”, la niña indígena de Miguel Alemán que fue violada por un amigo de su padre, y a la que le negaron los medicamentos para evitar embarazo e infecciones de transmisión sexual y que también se le negó la interrupción del embarazo de acuerdo con la normatividad vigente en Sonora (que sí permite el aborto en caso de violación).

Si bien en el Estado no se observan condiciones legislativas para que se apruebe el aborto seguro, sí creo que los legisladores pueden trabajar en el tema de educación sexual (no arrancado las hojas de los libros de Biología de secundaria, por cierto) y llamando a cuentas a aquellos funcionarios que mezclan sus creencias religiosas con sus responsabilidades públicas y me refiero específicamente a la correcta aplicación de la Norma 046 y de las excluyentes de penalización en el aborto: Por violación y por peligro de que la madre pierda la vida.