Ordenan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por investigación de presunto contrabando de hidrocarburos
La FGR informó que un juez impuso la medida cautelar al exgobernador de Baja California y a otros cuatro imputados; la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Mexicali, B.C.–Un juez federal dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, identificado por la autoridad como Ernesto “N”, dentro de la investigación que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La FGR informó que, tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para formular la imputación en contra de ocho personas.
Será internado en el Altiplano
De acuerdo con el comunicado oficial, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para Ernesto “N”, así como para Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana “N” fue enviada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Defensa solicita ampliar el plazo
La Fiscalía señaló que, una vez concluido el debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.
Investigación por presunto contrabando de combustible
Según la FGR, la investigación está relacionada con un esquema de importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.
La autoridad sostiene que el presunto contrabando consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando la mercancía como otro tipo de producto para evadir el pago de impuestos.
La Fiscalía agregó que estas conductas generan un daño económico al Estado mexicano y, además, representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
La FGR precisó que todas las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
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