¿Por qué una adopción puede tardar tanto en Baja California?

Mexicali, B.C.- El camino hacia una adopción en Baja California puede prolongarse durante meses mientras se define la situación familiar y jurídica de cada menor, un proceso legal en el que interviene el DIF Estatal, especialistas y juzgados antes de determinar si puede integrarse a una nueva familia.

En Baja California hay mil 373 niñas, niños y adolescentes que permanecen institucionalizados en albergues temporales o casas de asistencia social privada, pero esta cifra no significa que todos estén disponibles para ser adoptados.

Cada caso debe pasar primero por una revisión de su situación familiar y jurídica, ya que muchos de los menores se encuentran bajo medidas de protección mientras se determina si pueden regresar con sus familiares.

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No todos los menores pueden ser adoptados

La titular del DIF en Baja California, Mavis Olmeda García, explicó que el ingreso a un albergue ocurre como parte de una medida de protección y no representa, por sí mismo, que el menor pueda ser adoptado.

Señaló que algunos permanecen bajo resguardo mientras se trabaja para lograr su reintegración familiar, por lo que las condiciones de cada niña, niño o adolescente son diferentes.

Karla Casillas, abogada especializada en procesos familiares, explicó que una parte fundamental del procedimiento consiste en determinar si la integración del menor a una nueva familia es viable y responde a su interés superior.

¿Qué estudios se realizan antes de adoptar?

Para ello, el DIF realiza valoraciones psicológicas tanto al menor como a las personas que buscan adoptar, además de estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias y una revisión del entorno familiar en el que crecería.

También se analiza la situación de los padres biológicos y, cuando existe consentimiento para la adopción, este debe incorporarse al procedimiento.

En los casos donde alguno de los progenitores no está de acuerdo o se desconoce su paradero, puede ser necesario resolver primero la situación de la patria potestad antes de que el proceso de adopción pueda avanzar.

El DIF tiene un papel clave en el proceso

Casillas señaló que los abogados pueden acompañar a las familias durante el procedimiento, pero el DIF tiene una participación indispensable para determinar si existen condiciones para que el menor sea integrado al nuevo núcleo familiar.

Una vez presentada la demanda ante el juzgado familiar, el juez solicita al DIF realizar los estudios correspondientes para valorar la viabilidad de la adopción.

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Con base en estas evaluaciones, la institución emite su determinación y el juez resuelve el procedimiento, tomando como principio el interés superior de la niñez.

¿Por qué una adopción puede tardar meses?

Uno de los principales retos para las familias que buscan adoptar es el tiempo que puede tomar el procedimiento.

Casillas explicó que el DIF atiende una alta cantidad de asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes bajo protección, por lo que incluso cuando existe consentimiento de los padres biológicos, la adopción no concluye de inmediato.

“Hay que esperar”, señaló la abogada, y explicó que las familias deben reunir documentación y cumplir con los estudios y requisitos solicitados por la institución.

Consideró que esta etapa puede generar desesperación entre quienes buscan adoptar, aunque los tiempos responden a la necesidad de verificar tanto las condiciones del menor como las de la familia que pretende recibirlo.

La adopción no termina con la resolución del juez

El procedimiento continúa incluso después de que el juez determina que la adopción es viable, ya que posteriormente deben realizarse los trámites correspondientes ante el Registro Civil para generar una nueva acta de nacimiento con los apellidos de la familia adoptiva.

Además, existen mecanismos de seguimiento para conocer las condiciones en las que se encuentra el menor después de su incorporación al nuevo núcleo familiar.

Los mil 373 menores que actualmente permanecen en instituciones de Baja California representan, por tanto, niñas, niños y adolescentes bajo alguna medida de protección, no un grupo de menores disponibles automáticamente para adopción.

Cada expediente debe ser revisado para determinar su situación familiar y jurídica y definir cuál es la alternativa que mejor protege los derechos del menor.