Movimiento “Soy Papá, No Criminal” denuncia presuntas fallas en procesos judiciales en Sonora

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora.- Integrantes del movimiento “Soy Papá, No Criminal”, acompañados por representantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos A.C., hicieron un llamado a revisar la aplicación de la justicia en Sonora al denunciar presuntas irregularidades en procesos relacionados con violencia familiar, delitos sexuales y conflictos por la custodia de menores.

Durante una conferencia de prensa, los representantes del movimiento señalaron que han identificado un incremento de personas que buscan asesoría tras considerar que sus derechos fueron vulnerados durante procedimientos judiciales.

El abogado Fernando Romero, procurador de la Comisión Internacional de Derechos Humanos A.C., explicó que el colectivo surgió como respuesta a casos que, aseguró, reflejan deficiencias en las investigaciones y posibles afectaciones al debido proceso.

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Según expuso, hace alrededor de mes y medio tenían identificados cerca de 15 casos en San Luis Río Colorado; sin embargo, afirmó que la cifra ha aumentado conforme más personas se acercan al movimiento, aunque muchas prefieren no hacer públicas sus situaciones por temor al estigma social.

Romero sostuvo que una de las principales preocupaciones del colectivo es que, en algunos procedimientos, las personas investigadas tienen conocimiento de las acusaciones cuando las carpetas ya se encuentran prácticamente integradas, lo que, dijo, limita el ejercicio del derecho de defensa.

También cuestionó la valoración de algunos dictámenes periciales dentro de procesos penales y planteó la necesidad de fortalecer el uso de pruebas científicas objetivas durante las investigaciones.

Por su parte, Rosa Duarte, presidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos A.C., informó que la organización brinda asesoría y acompañamiento a personas que consideran vulnerados sus derechos durante procesos judiciales, además de dar seguimiento a expedientes para detectar posibles irregularidades.

Durante la conferencia también participó Álvaro Mariscal, quien hizo público el proceso judicial que enfrenta y aseguró que una orden de restricción le ha impedido convivir con una de sus nietas desde hace tres años, situación que, afirmó, ha tenido consecuencias emocionales, familiares y económicas.

Los integrantes del movimiento insistieron en que su objetivo no es cuestionar las políticas de protección hacia las mujeres ni el combate a la violencia de género, sino promover una impartición de justicia imparcial, basada en el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la valoración objetiva de las pruebas.

Asimismo, anunciaron que continuarán documentando casos y buscando espacios de diálogo con las autoridades judiciales para impulsar posibles reformas al sistema.