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Zona Sísmica

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar la legalidad de las restricciones impuestas por Donald Trump.

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Legalidad migratoria

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó revisar la legalidad de las restricciones impuestas por Donald Trump para impedir que quienes cruzan ilegalmente la frontera puedan solicitar asilo. Se espera que los magistrados escuchen los argumentos en los próximos meses y emitan un fallo a finales de junio.

La medida forma parte de la política migratoria de línea dura del presidente estadounidense, quien sostiene que estas restricciones han contribuido a reducir los cruces fronterizos

Mientras se define el futuro de esta política, las cifras muestran que México sigue siendo el principal País de origen de la migración indocumentada en Estados Unidos, aunque su participación ha disminuido en los últimos años.

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), en 2024 vivían en Estados Unidos 15.7 millones de extranjeros indocumentados, de los cuales 5.5 millones eran mexicanos. Esta última cifra representa apenas 266 mil más que en 2019.

El cambio más significativo está en la proporción: Los mexicanos representaban el 62% de la población indocumentada en 2010, pero para 2024 su participación bajó al 35%. Son dos datos que ayudan a entender el panorama migratorio actual: Por un lado, cambia la composición de quienes llegan a Estados Unidos y, por otro, continúa el debate sobre las condiciones en que pueden solicitar protección en ese País.

LA LUZ Y LOS ‘RECIBOS LOCOS’

La propuesta del Gobierno del Estado para ampliar de seis a ocho meses el subsidio a la tarifa eléctrica en Baja California, con una bolsa estimada en 400 millones de pesos suena a “gloria” para miles de familias golpeadas en Mexicali y sus alrededores, pero sobre todo para aquellos que han resultado “golpeados” por los llamados “recibos locos” de hasta 20 mil pesos.

Sin embargo, el anuncio de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, deja ver que el verdadero rival a vencer no es solo el calor extremo, sino la burocracia federal. Y es que, aunque existen mesas de trabajo con la CFE y gestiones directas con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el avance se topa con un laberinto de trámites técnicos y estudios climáticos de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional para comprobar lo que cualquier bajacaliforniano siente en carne propia cada verano, y cada vez más en buena parte del otoño, que aquí el aire acondicionado no es un lujo, sino un artículo de supervivencia.

A eso se suma el dilema financiero. La propia mandataria advirtió que ampliar el subsidio exige cuidar el equilibrio presupuestal frente a programas sociales ya comprometidos, como becas universitarias y apoyos a jefas de familia.

Mientras se destraban los expedientes entre dependencias y se aterrizan proyectos como los techos solares o las nuevas plantas generadoras, los usuarios siguen atrapados entre tarifas que no perdonan y cobros desproporcionados que nadie se explica de dónde surgen.

Las gestiones desde este estado fronterizo van en la ruta correcta, pero en Baja California la urgencia de los recibos camina mucho más rápido que los tiempos administrativos de la Federación.

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