Zona Sísmica

Calman los ánimos en el Poder Judicial

La inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación obligó a las autoridades a dar marcha atrás en uno de los puntos más controvertidos de la nueva evaluación de la carrera judicial.

Luego de las protestas y los cuestionamientos de legisladores de Oposición, dirigentes sindicales y representantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron dejar sin efectos el esquema original y modificar sus disposiciones.

En una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pactó eliminar definitivamente cualquier referencia a que las evaluaciones puedan tener efectos sancionatorios o representar la separación del cargo.

También desaparecerán las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos judiciales y se ajustarán los porcentajes de los factores que pudieran prestarse a interpretaciones subjetivas.

La decisión busca que la evaluación tenga como propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, y no convertirse en un mecanismo para remover trabajadores o facilitar reacomodos de personal.

El acuerdo permitió desactivar, al menos por ahora, un conflicto que amenazaba con afectar las actividades de juzgados y tribunales. De hecho, la Suprema Corte informó que las labores se realizarán con normalidad este lunes 9 de noviembre y que las modificaciones serán publicadas próximamente en el Diario Oficial de la Federación.

El episodio deja sobre la mesa una pregunta: ¿por qué se tuvo que llegar a la inconformidad de miles de trabajadores para revisar los alcances de una disposición que podía afectar sus derechos laborales?La experiencia, antigüedad y especialización del personal judicial son elementos que difícilmente pueden sustituirse por opiniones de superiores o compañeros.

Legisladoras como Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, y Paulina Rubio, del PAN, habían advertido precisamente sobre los riesgos de utilizar criterios discrecionales para evaluar a secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.

Ahora, el reto será que los cambios anunciados se traduzcan en reglas claras y garantías para quienes han desarrollado una carrera dentro de la institución.Crece la tormentaY mientras el Poder Judicial encuentra una salida mediante el diálogo, otro organismo enfrenta reclamos de su personal.

En el Instituto Nacional Electoral ya se convocó a un paro de labores para este 9 de noviembre por parte de trabajadores de los módulos de credencialización, quienes exigen mejores condiciones laborales.El INE informó que analiza alternativas para atender sus demandas, aunque reconoció que deberá hacerlo considerando las posibilidades presupuestales.

La institución cuenta con 842 módulos de atención ciudadana y cerca de 5 mil trabajadores que realizan tareas fundamentales para garantizar el acceso de la población a su credencial para votar.

La inconformidad ocurre en medio de los ajustes presupuestales previstos para 2027 y de cuestionamientos sobre los salarios de los altos mandos, frente a lo que los trabajadores operativos consideran remuneraciones insuficientes.