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¡No al crimen en nuestras elecciones!

Si hay algo en lo que deberíamos estar de acuerdo todos los mexicanos.

Anita B.  de Ochoa

Si hay algo en lo que deberíamos estar de acuerdo todos los mexicanos, sin importar partidos es: El crimen organizado jamás debe decidir una elección. Esto pareciera algo tan obvio, que ni siquiera debería discutirse.

Sin embargo, las elecciones de los últimos años nos han dejado hechos verdaderamente preocupantes: candidatos amenazados y asesinados, comunidades intimidadas y denuncias sobre grupos criminales, tratando de influir y hasta imponer, quien puede competir y quién no. Ante esta realidad, Chihuahua decidió hacer algo importante: Su Congreso aprobó una reforma para blindar sus elecciones frente a la intervención del crimen organizado, contemplando consecuencias cuando grupos delictivos utilizaran violencia, amenazas, financiamiento o cualquier otra forma de presión para alterar la voluntad de los ciudadanos. ¿Quién podría estar en contra del propósito de una ley así?

Morena, quien impugnó diversos aspectos de esa reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -la de los acordeonesy, hace unos días la mayoría de los ministros invalidó muchas de sus disposiciones. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente?

Según El Financiero, la Corte no eliminó totalmente la posibilidad de anular una elección por intervención criminal. Esa posibilidad permanece cuando se demuestre que los actos fueron graves, dolosos y determinantes para el resultado. Lo que sí eliminó, entre otras cosas, fue la pérdida automática de una candidatura cuando esta resultara beneficiada por actos criminales realizados por terceros, argumentando que primero debe acreditarse la responsabilidad personal del candidato y valorar la gravedad de cada caso. Entiendo el argumento jurídico, pero a los ciudadanos nos queda una enorme preocupación:

Supongamos que un grupo criminal amenaza adversarios, intimida electores o utiliza dinero ilícito para favorecer una candidatura. ¿Hasta dónde deberá llegar la prueba para demostrar que el candidato sabía lo que ocurría? Porque precisamente esa es la naturaleza del crimen organizado: opera en las sombras. La Ministra Yasmín Esquivel fue la única que se opuso a invalidar esa sanción, y sostuvo que NO puede tolerarse la delincuencia cuando afecta la libertad del voto y la autenticidad de las elecciones.

Preguntémonos algo todavía más sencillo: ¿Por qué no hacemos exactamente lo contrario? ¿Por qué todos los partidos no se unen para construir una Legislación Nacional, perfectamente constitucional, que cierre cualquier resquicio por donde el crimen pueda entrar a nuestras elecciones? Esto es tan importante que no debiera ser una causa del PAN, PRI, MC, Morena o de Chihuahua. La causa debe ser México. Porque cuando un delincuente decide quién puede ser candidato, cuando una familia vota bajo amenaza o cuando dinero sucio compra influencia política, quien pierde no es un partido, perdemos TODOS.

Y aquí un mensaje para la oposición: No basta indignarse en entrevistas o redes; si consideran que la infiltración criminal amenaza nuestra Democracia, ¿Dónde están las iniciativas en los demás estados? ¿Dónde una propuesta nacional seria? Chihuahua puso sobre la mesa un problema que México no puede seguir ignorando. Corresponde ahora perfeccionar la ley, corregir aquello que la Corte consideró inconstitucional y volver a intentarlo. Una Democracia puede sobrevivir a malos gobiernos, NO a que los criminales terminen decidiendo quién gobierna. Solo así, con hechos, México dirá: ¡Fuera el crimen de nuestras elecciones!

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es consejera familiar.

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