Zona Sísmica

Registras o ‘cuello’

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer que 80% de las amenazas de extorsión se realizan por teléfono, argumento con el que defendió la obligación de registrar las líneas móviles con los datos de sus usuarios.

La intención, en principio, parece difícil de cuestionar: Si una persona recibe una llamada de extorsión, que la autoridad pueda identificar a quién está asociado el número desde el que se realizó la comunicación puede convertirse en una herramienta para investigar el delito.

La extorsión no es un problema ajeno para los bajacalifornianos. Empresarios, comerciantes y ciudadanos han denunciado durante años llamadas en las que se utilizan amenazas, supuestos integrantes de grupos criminales, falsos secuestros o engaños para obtener dinero.

El teléfono se ha convertido en una herramienta más de los delincuentes y, en muchos casos, ni siquiera necesitan estar cerca de la víctima.

Por eso puede entenderse la apuesta del Gobierno federal por cerrar el vacío que existe con los llamados chips de prepago, que pueden adquirirse con facilidad y cambiarse constantemente.

Sheinbaum ha insistido en que el registro no busca que el Gobierno tenga un directorio de ciudadanos ni que pueda espiar a los usuarios, sino que las compañías telefónicas sean las responsables de conservar la información y que ésta pueda ser requerida por las autoridades cuando exista una investigación.

Se estima que entre 4 y 8.7 millones de líneas podrían ser suspendidas mañana sábado por no haber cumplido con el registro. Aunque se ha señalado que basta con realizar el trámite para recuperar la línea, el impacto de dejar sin servicio a millones de personas no puede minimizarse.

Para muchas familias es el principal medio de comunicación, de trabajo, de acceso a servicios y, en situaciones de emergencia, incluso de contacto con las autoridades.

‘TODO A SU DEBIDO TIEMPO’

Si bien los procesos internos de Morena y sus aliados están ya echados a andar en Baja California para determinar quién será el Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía del País, quien parece no estar de acuerdo con que esta selección no la alcance es la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez.

Y es que mientras los movimientos al interior del gabinete estatal comienzan a acelerar el paso de cara a 2027, en el Ayuntamiento de Mexicali no han sido vistos con buenos ojos los servidores públicos que han manifestado su interés por buscar una candidatura.

Bustamante Martínez dejó claro que, por ahora, no contempla establecer fechas para que quienes aspiren a un cargo de elección popular tengan que separarse de sus funciones. Aunque reconoció que dentro de su equipo ya hay interés por participar en el próximo proceso electoral, como el caso de la Oficial Mayor, la Primera Edil considera que aún no es tiempo para las campañas.

Y el problema no es solo de la Alcaldesa de Mexicali, sino que se trata de una situación que enfrentan prácticamente los siete municipios de Baja California, cuyos gobiernos serán renovados en la elección de 2027.