Zona Sísmica

Todo tiene un costo

¡Híjole! Parece que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito “el caldo ya comenzó a hervir”… y no precisamente por el calor.

Dicen que las voces discordantes dentro de la corporación empiezan a escucharse cada vez más fuerte, pues hay quienes aseguran que el ambiente de trabajo en la Policía Municipal está resultando peor que el de los Bomberos que recientemente hicieron renunciar a su director, así que usted imagínese.

Resulta que desde la flamante Dirección de Administración, creada con el nuevo reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presuntamente se habría encontrado un peculiar “nicho de mercado”, para ponerle precio a algunos trámites y movimientos internos de los agentes.

Según cuentan los inconformes, si un policía quiere salir de vacaciones, necesita determinado trámite o busca conseguir un día de descanso, hay tarifas que pagar, y por si fuera poco, dicen que hasta los uniformes tienen precio.

Todo esto ocurre bajo la responsabilidad administrativa de Julio César Parra, quien encabeza esa nueva dirección surgida tras la aprobación del reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comandada por Héctor Manzo.

Lo curioso del asunto es que Parra Amparán, no llegó precisamente como un recién estrenado en los asuntos de la corporación, pues antes de convertirse en director, era el administrador de la Policía Municipal, cuando esa área todavía tenía rango de jefatura.

Mientras el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Héctor Manzo, ha dicho que al asumir el cargo detectaron la falta de 17 patrullas, habría que preguntarse quién llevaba las cuentas y la administración de la corporación durante la anterior gestión encabezada por Araceli Brown.

Para decirlo más claro, si alguien debería saber dónde quedaron esas patrullas, cómo se administraron y qué ocurrió con los bienes de la corporación, es precisamente quien era el administrador en aquellos tiempos… el mismo que hoy dirige la nueva Dirección de Administración.

DEBATE MILITARIZADO

La Secretaría de Educación Pública decidió poner punto final a las escuelas militarizadas que bajo la bandera de la disciplina terminaron asociadas, en algunos casos, con prácticas de abuso, maltrato y violencia hacia los estudiantes. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, confirmó que de las 26 escuelas con modalidad militarizada que operaban en el País, 25 están en proceso de transformación y una ya fue clausurada. La intención es que ninguna opere bajo ese esquema al comenzar el próximo ciclo escolar.

La decisión federal abre nuevamente el debate sobre hasta dónde puede llegar la disciplina en las escuelas. Porque una cosa es fomentar el orden, la responsabilidad y el respeto a las reglas, y otra muy distinta es utilizar conceptos militares para justificar prácticas que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La SEP sostiene que la educación militar corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y que ésta comienza en el nivel medio superior para preparar a quienes habrán de incorporarse al Ejército o a la Guardia Nacional.

El reto ahora será que la transformación anunciada no signifique simplemente cambiarle el nombre a estas escuelas. Si el objetivo es proteger a los estudiantes, la nueva propuesta deberá garantizar verdaderamente ambientes seguros y disciplina con sentido educativo.

Ahora habrá que ver qué modelo educativo se ofrece a los jóvenes que antes encontraban en ellas una alternativa de formación y disciplina.