Zona Sísmica

Como histórica ha sido considerada la “Marcha de la Generación Z” porque los jóvenes en más de 50 ciudades del País salieron a las calles a exigir a los gobernantes paz, alto a la corrupción y oportunidades, así como el grito: “No nos callaran”.

La movilización en la Ciudad de México fue seguida con atención e inició de forma pacífica, pero al llegar al Zócalo el escenario se transformó cuando apareció el grupo llamado “bloque negro” y se desató la confrontación con la Policía capitalina, hubo gases lacrimógenos, derribamiento de las vallas de Palacio Nacional.

Esto fue visto por los manifestantes como reprobable y acusaron de represión. Aunque este movimiento no escapó de las descalificaciones y señalamientos de los políticos, adolescentes y jóvenes entre los 15 y 28 años alzaron la voz en varios lugares del País incluidos Tijuana, Rosarito y Mexicali, donde salieron con rostros al descubierto y a ellos se sumaron ciudadanos de todas las edades.

Este colectivo expresó su indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que había pedido seguridad y no fue escuchado, por las personas desaparecidas, por la falta de medicamentos y porque consideran que el Gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha respondido a las demandas ciudadanas.

Este colectivo también expuso su pliego petitorio en el que piden: Un mecanismo ciudadano de revocación, elección ciudadana del sustituto, prohibición de injerencia partidista, blindaje contra compra o coacción del voto, organismo ciudadano de Transparencia Total, Reforma profunda del sistema de justicia, mejor representación popular en el Congreso, desmilitarización de la seguridad interna, fortalecimiento de la seguridad local, voces con autoridad moral, consulta pública para ampliar el pliego.

Ahora será importante conocer las posturas del Gobierno federal sobre este hecho y también de los jóvenes, quienes habían externado en redes sociales y ayer en las calles su coraje porque los políticos acusan que su protesta es producto de la manipulación política e intereses internacionales y piden reconocerla como legítima y atender sus exigencias de seguridad, justicia y un México libre.

BUSCAN DAR MEJOR SERVICIO

La propuesta del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada, Andrés Martínez Bremer, para regresar al 70% la proporción del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje (ISSH) destinada al Fideicomiso de Promoción Turística, no sólo reabre una discusión largamente postergada, sino que expone una realidad incómoda: Baja California lleva años haciendo promoción sin garantizar que la experiencia del visitante esté a la altura de lo que se anuncia.

La idea de integrar la infraestructura dentro de la ecuación de la promoción turística apunta justamente a ese desbalance. Si el fideicomiso ha demostrado ser un instrumento eficiente —como afirma el sector hotelero—, su evolución parece no sólo lógica, sino urgente. Los destinos más competitivos del país y del extranjero ya entendieron que no basta con difundir atractivos; hay que construirlos, modernizarlos y garantizar que el turista encuentre una ciudad funcional, limpia, conectada y segura.

En ese sentido, dirigir parte de los recursos a infraestructura estratégica podría elevar el valor percibido del destino y fortalecer la fidelización del visitante. Pero la propuesta también exige cautela. Abrir la puerta a proyectos de infraestructura implica riesgos evidentes: desvío de recursos, obras sin impacto real en el sector o decisiones guiadas por criterios políticos más que técnicos.

Si no se establecen candados claros, indicadores de impacto y mecanismos de transparencia, el fideicomiso corre el riesgo de desvirtuarse y perder la esencia que lo ha hecho eficaz.