Zona Sísmica

Sí, pero no

Tras ser presentado de nuevo “por obvia y urgente resolución”, el Cabildo del Primer Ayuntamiento de San Quintín aprobó ayer el nuevo Reglamento del Escudo para el Municipio, en el cual destaca el uso del color guinda característico de la imagen institucional de Morena y la sustitución del anterior, el cual había sido sometido a concurso por el Concejo Municipal Fundacional.

Durante la sesión virtual del Cabildo, la presidenta Miriam Elizabeth Cano Núñez manifestó que la creación del escudo es un paso hacia la consolidación de un municipio unido, que reconoce su diversidad y fortaleza, sin embargo, fue una regidora de precisamente de Morena, Enid Pérez Magaña, quien votó en contra argumentando que el uso exclusivo del color guinda asociado a un movimiento político, vulnera principios de neutralidad institucional y podría fracturar la identidad colectiva.

La edil, quien aclaró pertenecer al movimiento representado por dicho color, subrayó que los símbolos oficiales deben trascender coyunturas políticas y reflejar la unidad de todos los habitantes.

Fundamentó su postura en el marco jurídico estatal: citó el artículo 135 de la Ley de Régimen Municipal, que exige ajustar las normas municipales a principios constitucionales, prohibiendo emblemas que promuevan identificación partidista.

“El escudo debe perdurar como elemento de unidad, no como reflejo de un contexto político”, declaró.

DEFIENDE SU LEY

Ante la ola de críticas por la llamada “Ley Censura”, el gobernador poblano Alejandro Armenta salió a decir “no me siento monarca, no me siento virrey” porque así hay quienes lo ven por su legislación de ciberseguridad que incluye el nuevo delito de “ciberasedio”. Ciudadanos, políticos y organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19 han expresado su repudio porque señalan que más que regulación es un intento de represión. También la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su desacuerdo con esa ley.

Desde Artículo 19 explican que es una ley violatoria de los derechos humanos y que no se había visto tan abismal el esfuerzo de un Congreso estatal por disuadir la libertad de expresión no sólo por la vía civil sino por la vía penal en la que cualquier persona podría terminar en la cárcel por una legislación “redactada tan vaga y poco profesional”.

Eso es lo menos que han dicho al gobernador Armenta, quien tras las reacciones ha dicho que habrá foros de consulta para que se opine, por lo que fue cuestionado ya que primero debió consultar y después votar esa ley, así que no faltaron quienes le recordaran que le queda muy bien el dicho, “primero disparo… luego ‘veriguo”.

¿JUSTICIA O PRESIÓN PÚBLICA?

Luego de participar en la pasada elección judicial, el juez de control Bernardino Ahumada González, ya con su constancia de mayoría en mano, volvió a las salas de audiencia del Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali, para presidir la audiencia en la que se vinculó a proceso al automovilista que en un arranque de ira atropelló a otro y le causó la muerte, un caso que destacó en la opinión pública por la naturaleza y lugar donde ocurrió el hecho.

Sin embargo, es aquí mismo donde entra en juego el factor de la opinión pública. ¿Será que en un futuro los jueces que son electos por el voto popular quedarán sujetos a la presión de la opinión pública o de lo que dicta la constitución y sus leyes, con tal de ser electos o reelectos? Eso no lo sabemos aún y solo el tiempo nos lo dirá.