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Escoltas para todxs

Baja California vive en el mundo al revés: El 70% de lxs ciudadanxs de a pie que perciben inseguridad y violencia en las calles (según encuesta de INEGI) viven sin escoltas y bajo la exigencia diaria de tener más policías y patrullas en sus colonias

Jorge  Heras

Baja California vive en el mundo al revés: El 70% de lxs ciudadanxs de a pie que perciben inseguridad y violencia en las calles (según encuesta de INEGI) viven sin escoltas y bajo la exigencia diaria de tener más policías y patrullas en sus colonias, mientras que nuestros gobernantes, funcionarios y representantes populares que aseguran vivimos con menos inseguridad que antes y con una clara disminución de los delitos de alto impacto cuentan con policías para vigilancia especial con cargo al erario en sus actividades laborales y personales sin que su trabajo represente un riesgo y sin tener un diagnóstico real que indique su estatus de vulnerabilidad.

En BC no está regulado en una ley o reglamento (salvo algo mínimo en Tijuana) la asignación idónea o el procedimiento para que policías municipales y estatales sirvan de guardaespaldas para servidores públicos, por lo que todo queda a la decisión discrecional del alcalde, del gobernador y del secretario de Seguridad Pública del Estado en turno, quien es el encargado de vigilar que se cumpla con la Licencia Oficial Colectiva 186, que regula el uso de armas de fuego de todas las corporaciones de BC, la cual es regulada por el Ejército tal como lo establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esa Licencia Colectiva señala que las armas de cargo de los policías deben usarse para la seguridad pública y NO para para asuntos particulares de funcionarios y gobernantes.

Esa laguna jurídica ha sido aprovechada por regidores, diputados y funcionarios de primer nivel de todos los partidos políticos.

La Gobernadora, Fiscal, el presidente del Poder Judicial, las y los presidentes municipales, los directores y algunos mandos de las policías, requieren de protección y vigilancia en su persona, familia cercana y su domicilio, pero tampoco se debe hacer uso indiscriminado de escoltas y mucho menos asignación indebida de policías a servidores públicos que NO acrediten su necesidad.

Por ejemplo: ¿Por qué el coordinador de los diputados de MORENA en el Congreso local tiene dos escoltas?, ¿Por qué los secretarios del Ayuntamiento, Síndicos Procuradores y algunos regidores en los 7 Ayuntamientos tienen a policías cuidándoles las 24 horas del día?.

Sería interesante saber si tienen alguna amenaza por su labora legislativa o de gobierno o si solo se trata de sus “prerrogativas” por ser políticos VIP.

Seguramente se escudarán en que se trata de información reservada por ser un tema de seguridad. Sí, pero deben ser congruentes con su narrativa de “con el PRIAN estábamos peor” y lo más importante es que se trata de recursos públicos; Sí, porque a los funcionarios y servidores públicos no les cuesta un peso tener a policías como sus vigilantes especiales. Cada mes a los empresarios que cuentan con este servicio el Estado les cobra más de 45 mil pesos, la Federación tiene un tabulador que va de los mil 300 pesos a los 6 mil 186 pesos diarios por policía.

Durante su gestión, Landeros Briceño y Tizoc Aguilar dieron la orden para regresar a las calles a los policías que estaban de escoltas de empresarios y de politicos que no cumplieran con el análisis de riesgo, con esta medida lograron reducir de 400 policías estatales (que representaba casi el 50% de la corporación) asignados a 94 servicios de escoltas a 90 agentes para menos de 20 tareas de vigilancia especial para empresarios y políticos.

Hace más de un año, la diputada del PAN, Alejandrina Corral propuso modificar la Ley de Seguridad Pública del Estado con la intención de “prohibir la asignación de escoltas para realizar actividades aue derivan en un servicio de mensajeros, asistentes, servidumbres y choferes de los servidores públicos a los cuales se les otorgó la medida de protección”.

Sin duda alguna, la decisión acertada de la alcaldesa morenista de Ensenada, Claudia Agatón, de retirarle los cuatro escoltas al senador de MORENA, Armando Ayala, para regresarlos a la Policía Municipal pone de nueva cuenta en el debate público la falta de regulación y uso indiscriminado de agentes de seguridad pública que están sriviendo como escoltas privados de políticos y empresarios.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Julián Leyzaola no es el único que se llevó a policías de otro municipio para su vigilancia personal. De Mexicali también hay policías municipales como escoltas de servidores públicos en otro municipio.

*- El autor es periodista de Baja California.

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