Enjuiciar a un presidente es divisivo y, a veces, desestabilizador: Esta es la razón por la que muchos países lo hacen de todos modos

WASHINGTON.-El enjuiciamiento penal del expresidente Donald Trump y sus aliados podría resultar de al menos una de múltiples investigaciones.

Estos incluyen la incautación de documentos de su casa en Florida por parte del FBI el 8 de agosto de 2022, el progreso continuo en una investigación del estado de Georgia sobre la manipulación de las elecciones republicanas y las continuas revelaciones de evidencia presentadas por el comité del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero.

Si bien acusar a un expresidente de un delito penal sería la primera vez en Estados Unidos, en otros países los exlíderes son investigados, procesados e incluso encarcelados de manera rutinaria.

En marzo de 2021, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a un año de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Más tarde ese año, comenzó el juicio del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, relacionado con abusos de confianza, soborno y fraude mientras estaba en el cargo. Y Jacob Zuma, el expresidente de Sudáfrica que fue acusado de lavado de dinero y extorsión, probablemente enfrentará un juicio en mayo de 2023 después de años de demoras.

A primera vista, enjuiciar a altos funcionarios actuales o pasados acusados de conducta ilegal parece una decisión obvia para una democracia: todos deben estar sujetos al estado de derecho.

Pero los presidentes y primeros ministros no son cualquiera. Son elegidos por los ciudadanos de una nación o sus partidos para liderar. A menudo son populares, a veces venerados. Por lo tanto, los procedimientos judiciales contra ellos se perciben inevitablemente como políticos y se vuelven divisivos.

Procesamientos desestabilizadores

Esta es en parte la razón por la que el presidente de los EU, Gerald Ford, perdonó a Richard Nixon, su predecesor, en 1974. A pesar de la clara evidencia de irregularidades criminales en el escándalo de Watergate, Ford temía que el país “se desviaría innecesariamente de enfrentar (nuestros) desafíos si nosotros, como pueblo, fuéramos a permanecer fuertemente divididos sobre” castigar al expresidente.

La reacción pública en ese momento se dividió en líneas partidarias. Hoy en día, algunos ahora ven que absolver a Nixon es necesario para sanar a la nación, mientras que otros creen que fue un error histórico, incluso teniendo en cuenta el deterioro de la salud de Nixon, aunque solo sea porque alienta la impunidad futura del tipo del que se acusa a Trump.

"Nuestra investigación sobre el enjuiciamiento de líderes mundiales encuentra que tanto la inmunidad generalizada como los enjuiciamientos demasiado entusiastas pueden socavar la democracia. Pero tales enjuiciamientos plantean riesgos diferentes para las democracias más antiguas, como Francia y Estados Unidos, que para las democracias más jóvenes, como Sudáfrica", dicen Victor Menaldo, profesor de Ciencias Políticas y Co-fundador del Foro de Economía Política en la Universidad de Washington; James D. Long, profesor Asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Washington y Morgan Wack, estudiante de Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Washington.

Democracias maduras

Las democracias fuertes suelen ser lo suficientemente competentes, y el sistema judicial lo suficientemente independiente, para enjuiciar a los políticos que se portan mal, incluidos los principales líderes.

Sarkozy es el segundo presidente moderno de Francia en ser declarado culpable de corrupción, después de Jacques Chirac en 2011 por sobornos e intento de soborno a un magistrado. El país no se vino abajo después de ninguna de las condenas. Sin embargo, algunos observadores dicen que la sentencia de prisión de tres años de Sarkozy fue demasiado dura y políticamente motivada.

En democracias maduras, los enjuiciamientos que hacen que los líderes rindan cuentas pueden solidificar el estado de derecho. Corea del Sur investigó y condenó a cinco expresidentes a partir de la década de 1990, una ola de procesamientos políticos que culminó con el juicio político de 2018 a la presidenta Park Geun-hye y, poco después, con la condena y el encarcelamiento de su predecesor, Lee Myung-bak.

¿Estos enjuiciamientos disuadieron a los futuros líderes de cometer irregularidades? Por lo que vale, los dos presidentes más recientes de Corea hasta ahora se han mantenido fuera de problemas legales.

Enjuiciamiento excesivo versus estado de derecho

Incluso en democracias maduras, los fiscales o los jueces pueden abusar de los enjuiciamientos. Pero el enjuiciamiento político demasiado entusiasta es más probable, y potencialmente más dañino, en las democracias emergentes donde los tribunales y otras instituciones públicas pueden ser insuficientemente independientes de la política. Cuanto más débil y más endeudado sea el poder judicial, más fácil será para los líderes explotar el sistema, ya sea para expandir su propio poder o para derrotar a un oponente.

Brasil encarna este dilema.

 El expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, un exlimpiabotas convertido en popular izquierdista, fue encarcelado en 2018 por aceptar sobornos. Muchos brasileños pensaron que su enjuiciamiento era un esfuerzo politizado para poner fin a su carrera.

Un año después, el mismo equipo de fiscales acusó al expresidente conservador Michel Temer de aceptar sobornos millonarios. Después de que terminó su mandato en 2019, Temer fue arrestado; su juicio fue suspendido más tarde.

Los enjuiciamientos de ambos presidentes brasileños fueron parte de una amplia investigación anticorrupción de un año realizada por los tribunales que ha encarcelado a docenas de políticos. Incluso el fiscal principal de la investigación está acusado de corrupción.

Dependiendo de la perspectiva de cada uno, la crisis de Brasil revela que nadie está por encima de la ley o que el gobierno es incorregiblemente corrupto, o ambas cosas. Con tal confusión, se vuelve más fácil para los políticos y votantes ver las transgresiones de los líderes como un costo normal de hacer negocios.

Para Lula, una condena no acabó con su carrera. Fue liberado de la cárcel en 2019 y la Corte Suprema luego anuló su condena. Lula ahora lidera la carrera presidencial de 2022 contra el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Estabilidad versus responsabilidad

Históricamente, México ha adoptado un enfoque diferente para enjuiciar a los presidentes anteriores: no lo hace.

"Durante el siglo XX, el gobernante Partido Revolucionario Institucional de México, o PRI, estableció un sistema de clientelismo y corrupción que mantuvo a sus miembros en el poder y a otros partidos en minoría. Mientras finge perseguir a los peces más pequeños por pequeñas indiscreciones, el sistema legal administrado por el PRI no tocaría a los altos funcionarios del partido, ni siquiera a los más abiertamente corruptos", dicen los expertos.

"La impunidad mantuvo a México estable durante su transición a la democracia en la década de 1990 al aplacar los temores de los miembros del PRI de ser procesados después de dejar el cargo. Pero floreció la corrupción gubernamental y, con ella, el crimen organizado", comentan.

Sin embargo, eso puede estar cambiando. A principios de agosto de 2022, fiscales federales mexicanos confirmaron que tiene varias investigaciones abiertas contra el expresidente del PRI Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero y delitos electorales, entre otros delitos.

"México está lejos de ser el único país que pasa por alto las malas acciones de los líderes del pasado. Nuestra investigación encuentra que solo el 23% de los países que hicieron la transición a la democracia entre 1885 y 2004 acusaron a los ex líderes de delitos después de la democratización", afirman.

Proteger a los autoritarios, incluidos aquellos que supervisaron las violaciones de los derechos humanos, puede parecer contrario a los valores democráticos, pero muchos gobiernos de transición han decidido que es necesario para que la democracia se arraigue.

Ese es el trato al que llegó Sudáfrica cuando las décadas de segregación y abusos contra los derechos humanos del apartheid terminaron a principios de la década de 1990. El gobierno de Sudáfrica, dominado por blancos, negoció con el Congreso Nacional Africano liderado por negros de Nelson Mandela para garantizar que los miembros y simpatizantes salientes del gobierno evitarían el enjuiciamiento y conservarían en gran medida su riqueza.

Esta estrategia ayudó al país a hacer la transición a un gobierno de mayoría negra en 1994 y evitar una guerra civil. Pero perjudicó los esfuerzos por crear una Sudáfrica más igualitaria. Como resultado, el país ha conservado una de las brechas de riqueza racial más altas del mundo.

La corrupción también es un problema, como lo demuestra el enjuiciamiento del expresidente Zuma por uso personal excesivo de fondos públicos. Pero Sudáfrica tiene un poder judicial famoso por su independencia. A pesar del rechazo de algunos incondicionales del Congreso Nacional Africano y varias apelaciones legales, el enjuiciamiento de Zuma continúa. Y aún puede disuadir futuras fechorías.

¿Qué tan maduro es maduro?

Israel es en parte un testimonio del estado de derecho, y en parte una advertencia sobre el enjuiciamiento de líderes en las democracias.

Israel no esperó a que el primer ministro Benjamin Netanyahu dejara el cargo para investigar las irregularidades. Pero el proceso judicial estuvo plagado de demoras, en parte porque Netanyahu usó el poder estatal para resistir lo que llamó una “cacería de brujas”.

El juicio provocó protestas de su partido Likud. Netanyahu intentó sin éxito asegurar la inmunidad y estancarse. Incluso fue reelegido mientras estaba bajo acusación y su juicio aún no ha terminado.

Si Trump es procesado penalmente, el proceso revelaría algo fundamental sobre la democracia estadounidense. Cualesquiera que sean los resultados, serían una cuestión tanto de ley como de política.

Artículo original publicado en The Conversation

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