Conferencia Episcopal de Brasil denunció a Bolsonaro ante la ONU y la OMS por su gestión contra el Covid-19

BRASIL.- La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil presentó una denuncia ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, y ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la gestión económica, política y social del presidente, Jair Bolsonaro, frente a la pandemia por el virus de Covid-19.

La denuncia, en especifico es por una “conducta política, económica y social contradictoria, negacionista, indiferente al dolor” que “está amplificando las profundas desigualdades”, según la acusación, presentada por la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería de la CNBB junto a otras organizaciones religiosas como el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil (CONIC), el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Franciscanos Internacionales o la Fundación Luterana de la Diaconía.

Asimismo,  la indiferencia de los poderes públicos a nivel federal, estatal y municipal ante los hechos presentes” y exigen “una investigación para determinar posibles responsabilidades.

El documento se concentra principalmente en el presidente Bolsonaro y respaldan así “las más de 60 peticiones de destitución del presidente de la República, en particular por los crímenes de responsabilidades con respecto a la política de salud pública en tiempos de pandemia”.

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Además, la denuncia insta a la OMS y a la Organización Panamericana de Salud (OPS) para que presionen al Gobierno brasileño ante la “falta de transparencia” y “menos aún confianza en las decisiones tomadas por los representantes políticos con respecto a la contención de la COVID-19”. “De cada diez personas muertas en el mundo por COVID-19, una de ellas es de Brasil”, señalaron las organizaciones.

Sobre los recortes del gasto público, se refieren que, la emergencia de hoy deriva de las opciones políticas de ayer. La Ley de Techo de Gasto, por ejemplo, dificulta la inversión pública y contribuye al aumento de las desigualdades con la privatización de servicios esenciales para el desarrollo económico, como el saneamiento, la educación y la salud, recuerdan.

La carta hace referencia a una investigación de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo que indica que “las decisiones del Gobierno con respecto a la pandemia revelan una estrategia de propaganda contra la salud pública, un discurso político que moviliza argumentos económicos, ideológicos y morales”.

Se recurre ampliamente a las noticias falsas y a las informaciones técnicas sin comprobación científica con el propósito de desacreditar a las autoridades sanitarias, reducir la adhesión popular a las recomendaciones de salud basadas en evidencias científicas y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para contener el avance de la COVID-19, advierte el documento.

En concreto denuncian la situación en Manaos, en la Amazonía: “Una vez más, el grito de socorro se hace más alto en la Amazonía, donde la ola de contagios está dibujando un escenario de invisible degradación y total desprecio para la dignidad humana”.

La orientación política del Gobierno federal en relación con la pandemia ha sido asumida por los gobiernos municipales de Manaos y del estado de Amazonas. Hay por tanto responsabilidades compartidas entre las diferentes esferas de poder, se puede leer en el documento.

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En cuanto al argumento de “salvar la economía”, cuestionan la ausencia de “medidas efectivas para contener la difusión de la COVID-19 en la región amazónica”.

El resultado de esta firme opción por la economía son 945 muertes por coronavirus en Manaos en los 20 primeros días de enero de 2021, casi la misma cantidad que la suma de muertes por COVID-19 entre agosto (inicio de la segunda ola) y diciembre de 2020 (...) La principal causa de estas muertes ha sido la falta de oxígeno en los hospitales y la frágil estructura hospitalaria, declaran.

Con información de Infobae