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Un supermercado tendrá que pagar más de 152 mil pesos de multa después de que sus trabajadores retuvieran a una clienta, la acusaran de robo y revisaran sus pertenencias sin autorización

La autoridad de protección al consumidor también ordenó capacitar a los trabajadores y directivos de la cadena, con medidas disciplinarias para prevenir nuevas intervenciones injustificadas

Un supermercado tendrá que pagar más de 152 mil pesos de multa después de que sus trabajadores retuvieran a una clienta, la acusaran de robo y revisaran sus pertenencias sin autorización

Salir de un supermercado después de pagar los productos no debería convertirse en una situación en la que una persona tenga que justificar sus pertenencias frente a otros clientes. Sin embargo, eso fue lo que denunció una consumidora en un establecimiento comercial de Chorrillos, Lima, Perú, luego de que trabajadores de una tienda la acusaran de hurto, le impidieran retirarse y revisaran sus objetos personales sin su autorización. El caso terminó con una sanción económica para la empresa y una orden para modificar la capacitación de su personal.

Según la Resolución 0233-2026/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Perú y retomada por Infobae, la empresa responsable fue Compañía Hard Discount S.A.C., operadora de Tiendas Mass. La autoridad confirmó que el establecimiento incurrió en infracciones relacionadas con la idoneidad del servicio y la responsabilidad del proveedor frente a sus consumidores.

La multa quedó establecida en 4.99 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 27 mil 445 soles peruanos. Al convertir esa cantidad con el tipo de cambio de referencia del 20 de noviembre de 2026, representa aproximadamente 152 mil 276 pesos mexicanos. Esta equivalencia es orientativa, ya que el monto oficial de la sanción está expresado en moneda peruana.

¿Qué ocurrió dentro del supermercado?

Los hechos se remontan a una intervención ocurrida en una sucursal de Tiendas Mass ubicada en la avenida Alameda Los Cedros, en la urbanización Cedros de Villa, distrito de Chorrillos.

De acuerdo con los antecedentes recogidos en la resolución, la consumidora presentó su denuncia el 10 de julio de 2023, después de señalar que fue retenida cuando intentaba salir del establecimiento tras realizar una compra.

La mujer manifestó que los trabajadores la acusaron injustamente de hurto y revisaron sus pertenencias sin su consentimiento. También indicó que la intervención ocurrió frente a otros clientes, lo que afectó su dignidad.

El expediente señala que la empresa no facilitó adecuadamente las grabaciones solicitadas por la autoridad durante la investigación.

La denuncia fue admitida a trámite en abril de 2024. Posteriormente, la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Sur determinó que existían infracciones relacionadas con los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

¿Por qué la empresa recibió una multa?

La primera resolución, emitida el 26 de diciembre de 2024, estableció una sanción de 5 UIT contra Tiendas Mass por la retención injustificada de la consumidora.

La empresa presentó una apelación porque consideró que la sanción económica era desproporcionada. Argumentó que había reconocido oportunamente las pretensiones de la denunciante y que, por esa razón, correspondía recibir una amonestación en lugar de una multa.

Sin embargo, la autoridad explicó que aceptar los señalamientos del consumidor durante el procedimiento no obliga a sustituir una sanción económica por una amonestación.

En el fundamento 28 de la resolución, la Sala señaló que tiene «la facultad, mas no la obligación de imponer una amonestación» cuando una empresa acepta las pretensiones del consumidor al presentar sus descargos.

¿Por qué se redujo la multa de 5 a 4.99 UIT?

Aunque la autoridad mantuvo la sanción económica, modificó ligeramente su cantidad después de revisar cómo se había calculado.

La comisión había establecido una multa base de 10 UIT y aplicado una reducción del 50% por el reconocimiento de la empresa, con lo que la sanción quedó inicialmente en 5 UIT.

Al revisar el expediente, la Sala determinó que Tiendas Mass había aceptado las pretensiones de la consumidora dentro del plazo para presentar sus descargos. Por ello, consideró que correspondía aplicar una reducción mayor, del 50.1%.

El ajuste dejó la multa definitiva en 4.99 UIT, en lugar de las 5 UIT establecidas en primera instancia. La resolución fue emitida el 22 de enero de 2026.

Supermercado deberá capacitar a sus trabajadores y directivos

La sanción económica no fue la única medida que tuvo que afrontar la empresa.

La autoridad también confirmó la obligación de impartir una capacitación a sus trabajadores para prevenir retenciones injustificadas de clientes cuando intenten salir de sus establecimientos.

La medida deberá incluir la participación de los principales directivos de la compañía, quienes tendrán que involucrarse en la aplicación de las disposiciones internas.

Además, la capacitación debe explicar los mecanismos disciplinarios que pueden aplicarse al personal cuando se presenten intervenciones como la que originó la denuncia.

Tiendas Mass deberá demostrar que cumplió con esta obligación mediante tres elementos:

  • Un registro en video de la capacitación.
  • La lista de trabajadores y directivos participantes.
  • El contenido de los temas impartidos.

La Sala consideró que involucrar a los directivos es necesario para que las medidas preventivas se apliquen en toda la organización y no dependan únicamente de las decisiones del personal que atiende directamente a los consumidores.

¿Qué se sabe de la resolución contra Tiendas Mass?

La decisión corresponde a la Resolución 0233-2026/SPC-INDECOPI, dentro del expediente 0631-2024/CC2.

Con este pronunciamiento, la Sala Especializada en Protección al Consumidor resolvió la apelación de Compañía Hard Discount S.A.C. y modificó el monto de la multa, pero mantuvo la medida correctiva relacionada con la capacitación.

La resolución también ordenó a la compañía pagar la sanción y entregar las pruebas correspondientes para demostrar que cumplió con las disposiciones establecidas.

El caso deja como punto central que las empresas deben responder por las intervenciones que realiza su personal dentro de sus establecimientos y adoptar medidas para evitar que sus procedimientos de seguridad vulneren los derechos de los consumidores.

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