Estados Unidos invoca una ley contra la tortura poco utilizada para ampliar el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presuntos abusos contra opositores en Venezuela
La legislación federal de 1994 permite juzgar en Estados Unidos actos de tortura cometidos en otros países. Maduro y Cilia Flores enfrentan una nueva acusación que podría cambiar el desarrollo de su juicio, previsto para junio de 2027.
NUEVA YORK.- Estados Unidos recurrió a una ley federal de 1994 que castiga la tortura cometida fuera de su territorio para ampliar el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos están acusados de conspirar para torturar a opositores políticos con el propósito de conservar el poder, además de enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y armas. Según una investigación publicada por Reuters este miércoles 21 de octubre de 2026, se trata de una legislación utilizada en pocos procesos penales. Los acusados rechazaron los señalamientos y su responsabilidad deberá determinarse en un juicio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la acusación fue presentada el 8 de octubre ante una corte federal de Nueva York. La nueva imputación coloca las presuntas violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Maduro en el centro de un expediente que anteriormente se concentraba en actividades de narcotráfico. El juicio está programado para el 14 de junio de 2027, aunque todavía falta que la Fiscalía demuestre la participación de ambos acusados en los hechos denunciados.
Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas, ordenada por el presidente Donald Trump, y trasladados posteriormente a Nueva York. En la audiencia celebrada el 15 de octubre, ambos se declararon inocentes de los nuevos cargos. Su defensa también ha planteado argumentos relacionados con la inmunidad que correspondería a sus anteriores cargos públicos.
La investigación de Reuters señala que esta legislación casi no se ha aplicado desde su aprobación. La incorporación del delito de conspiración para cometer tortura abre la posibilidad de que el jurado escuche testimonios sobre detenciones, interrogatorios y presuntos abusos cometidos contra opositores venezolanos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
¿Qué ley contra la tortura está utilizando Estados Unidos contra Maduro?
La acusación se fundamenta en la sección 2340A del Título 18 del Código de Estados Unidos, una disposición aprobada en 1994 para castigar determinados actos de tortura cometidos fuera del territorio estadounidense.
La norma surgió para cumplir las obligaciones asumidas por Estados Unidos mediante la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que el país firmó durante la presidencia de Ronald Reagan.
De acuerdo con la legislación federal estadounidense, la tortura comprende actos realizados bajo autoridad pública con la intención específica de provocar dolor o sufrimiento físico o mental severo a una persona bajo custodia o control.
La disposición permite ejercer jurisdicción cuando se cumple alguna de estas condiciones:
- La persona acusada tiene nacionalidad estadounidense.
- La persona acusada se encuentra físicamente en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o de la nacionalidad de la víctima.
Este segundo supuesto es el que permite a los fiscales estadounidenses procesar a Maduro y Flores por presuntos hechos ocurridos en Venezuela, después de su traslado a Nueva York.
La ley también contempla la conspiración para cometer tortura, por lo que no es indispensable que una persona haya ejecutado materialmente los abusos para enfrentar una acusación por participar en un acuerdo delictivo.
¿Por qué el caso de Maduro es diferente de otros procesos por tortura?
Según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters, Maduro y Flores son la séptima y octava personas identificadas que han sido acusadas bajo esta legislación federal.
La agencia documentó que cuatro personas habían sido condenadas mediante su aplicación, entre ellas integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el director de una prisión siria durante el régimen de Bashar al-Assad y un estadounidense relacionado con una fábrica ilegal de armas en Irak.
El caso también presenta otra característica: es el primero identificado en Estados Unidos en el que se procesa a un exjefe de Estado por presuntamente autorizar torturas en el país que gobernaba.
Michel Paradis, socio del despacho Steptoe y antiguo representante de detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, destacó la trascendencia de la acusación.
Este es realmente un caso histórico”, declaró a Reuters.
La importancia jurídica reside en que la Fiscalía buscará establecer si quienes encabezaban el gobierno venezolano participaron en la planificación, autorización o coordinación de los actos denunciados, aunque no los hayan cometido personalmente.
¿De qué acusan exactamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores?
El Departamento de Justicia sostiene que Maduro y Flores participaron en una conspiración que utilizó la tortura y la represión de opositores políticos como instrumentos para mantener el control del gobierno.
La acusación presentada en octubre amplía los señalamientos relacionados con narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas.
Según la Fiscalía, la presunta estructura de represión involucró a funcionarios y militares venezolanos que habrían participado en detenciones e interrogatorios.
Uno de los episodios descritos corresponde a 2018, cuando, de acuerdo con la acusación, militares venezolanos golpearon con un machete a una persona detenida y utilizaron un irritante químico durante un interrogatorio sobre el paradero de un opositor político.
Otro episodio señalado por la Fiscalía se remonta a 2014, cuando Maduro presuntamente ordenó secuestros y métodos de tortura para obtener información de militares sospechosos de disidencia, con el supuesto respaldo de Flores.
Estas descripciones forman parte de los alegatos de los fiscales y no constituyen hechos judicialmente probados. Corresponderá al tribunal determinar si existen pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados.
¿Cuántos años de prisión podrían recibir Maduro y Flores?
Pena máxima del cargo de conspiración para cometer tortura
20 años
Según el Departamento de Justicia, por ese cargo específico. Las demás acusaciones tienen penas independientes.
La legislación contempla sanciones que varían según el delito y sus consecuencias.
Para los actos de tortura en el extranjero, la norma establece penas de hasta 20 años de prisión. Si la conducta provoca la muerte de una persona, pueden aplicarse penas superiores, incluida la cadena perpetua o la pena de muerte.
Sin embargo, Maduro y Flores no enfrentan la pena de muerte por el cargo de conspiración para cometer tortura, pues la propia ley excluye esa sanción para dicha modalidad del delito.
En el expediente que enfrenta la pareja también figuran cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, algunos de los cuales contemplan penas máximas de cadena perpetua.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las penas mínimas obligatorias establecidas para determinados cargos suman 60 años de prisión si se producen las condenas correspondientes. La sentencia que eventualmente se imponga dependerá de los veredictos, las reglas aplicables a cada delito y la determinación del juez.
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¿Cómo podrían cambiar las acusaciones de tortura el juicio contra Maduro?
La incorporación de los nuevos cargos modifica la manera en que los fiscales pueden presentar el caso ante el jurado.
Mientras las acusaciones originales se concentran en presuntas relaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico, el nuevo expediente permite introducir declaraciones sobre represión política y abusos contra personas detenidas.
Artie McConnell, exfiscal federal especializado en seguridad nacional y actualmente socio del despacho BakerHostetler, explicó que la acusación incorpora descripciones más detalladas de las presuntas víctimas y de los incidentes denunciados.
“La acusación de tortura supone una escalada significativa”, afirmó McConnell a Reuters.
Y añadió: “Esto sitúa estos elementos de tortura y represión política en el centro de la teoría del Gobierno”.
El cambio también influye en los posibles testigos. En un proceso basado exclusivamente en narcotráfico, la Fiscalía podría depender principalmente de personas que colaboraron en actividades criminales y después aceptaron declarar.
En cambio, los cargos por tortura permiten incorporar testimonios directos de quienes aseguran haber sufrido los abusos.
¿Qué papel tendrán las víctimas y los testigos colaboradores?
Los testimonios podrían convertirse en una parte central del juicio, según los expertos consultados por Reuters.
La acusación menciona a tres presuntas víctimas de tortura con ciudadanía estadounidense, una circunstancia que McConnell considera relevante para la presentación del caso ante un jurado en Nueva York.
Shane Stansbury, exfiscal federal de Manhattan, señaló que las declaraciones de quienes presuntamente padecieron torturas podrían influir en la valoración de las pruebas.
Sin embargo, existe una diferencia entre acreditar que ocurrieron actos de tortura y demostrar que Maduro y Flores participaron penalmente en una conspiración para cometerlos.
Por ello, los fiscales también recurrirían a testigos colaboradores que puedan explicar cómo se habrían transmitido órdenes y establecido responsabilidades dentro de la estructura gubernamental.
Durante una audiencia celebrada el 8 de octubre, Kevin Sullivan, fiscal federal de Manhattan, indicó que estos testigos declararían sobre la presunta participación de ambos acusados en la conspiración.
Las defensas tendrán oportunidad de interrogar a los testigos, cuestionar la consistencia de sus declaraciones y presentar pruebas en sentido contrario.
¿Todos los acusados bajo esta ley han sido condenados?
No. Aunque la legislación de 1994 ha permitido obtener condenas por delitos de tortura, también existen procesos que concluyeron sin una declaración de culpabilidad por ese delito.
Reuters identificó dos antecedentes que muestran los distintos resultados judiciales.
Uno corresponde a Sulejman Mujagic, residente del estado de Nueva York, acusado en Estados Unidos en 2012 de torturar a un soldado durante los conflictos posteriores a la desintegración de Yugoslavia. En 2013 fue extraditado a Bosnia para enfrentar un proceso judicial.
El otro involucra a Sead Miljkovic, acusado por presuntos actos de tortura cometidos en Bosnia.
En 2025, un jurado de Chattanooga, Tennessee, lo declaró inocente de los cargos de tortura presentados en Estados Unidos. Posteriormente, Miljkovic se declaró culpable de fraude de pasaporte y abandonó el país, según informó su abogado.
Bryan Hoss, quien representó a Miljkovic, sostuvo que las versiones de las presuntas víctimas habían cambiado con el tiempo y que los hechos atribuidos a su cliente no cumplían con la definición jurídica de tortura.
El antecedente refleja que las declaraciones sobre posibles abusos deben superar el análisis probatorio del tribunal y cumplir los elementos legales del delito.
¿Qué ha dicho la defensa de Maduro y Cilia Flores?
Maduro y Flores rechazaron las acusaciones durante su comparecencia judicial del 15 de octubre.
El expresidente venezolano calificó los nuevos señalamientos como falsos, mientras que Flores aseguró ser inocente.
Mark Donnelly y Andrés Sánchez, abogados de Flores, declararon a Reuters que su representada es “completamente inocente” de todos los cargos.
Los defensores indicaron que revisarían una solicitud presentada previamente para desestimar la acusación, basada en argumentos de inmunidad soberana, con el propósito de incorporar los nuevos señalamientos.
Los abogados de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por Reuters para su investigación del 21 de octubre.
Por su parte, un portavoz de la Fiscalía federal de Manhattan declinó emitir comentarios adicionales.
El Departamento de Justicia ha reiterado que todas las imputaciones son acusaciones que deben demostrarse ante un tribunal, y que Maduro y Flores mantienen su presunción de inocencia.
¿Cuándo comenzará el juicio contra Nicolás Maduro y qué sigue en el proceso?
El juicio contra Maduro y Flores está programado para comenzar el 14 de junio de 2027, después de que el tribunal modificara el calendario original para incorporar los nuevos cargos.
Antes de esa fecha, las partes deberán atender las cuestiones pendientes sobre las pruebas, las solicitudes de la defensa y los argumentos jurídicos relacionados con la inmunidad.
La siguiente audiencia previa al juicio fue programada para el 17 de diciembre de 2026.
El proceso deberá resolver varias cuestiones: si se cometieron los actos de tortura señalados por la Fiscalía, si existió una conspiración y si los acusados participaron en ella. Por separado, el tribunal también deberá examinar los cargos relacionados con narcotráfico y armas.
El alcance del juicio va más allá de determinar la responsabilidad de dos exfuncionarios venezolanos. También pondrá a prueba la aplicación de una legislación estadounidense concebida para perseguir actos de tortura cometidos fuera del país.
La Fiscalía intentará demostrar que la represión política formaba parte de un acuerdo criminal dirigido desde el poder. La defensa podrá impugnar esa interpretación y las pruebas utilizadas para sostenerla.
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