La construcción del muro fronterizo de Trump se complica en Texas por demandas y protestas, mientras más de 200 propietarios buscan frenar el proyecto
La oposición de los dueños de terrenos y una orden judicial que suspendió temporalmente las obras ponen en duda el avance del muro en la región de Big Bend.
El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ampliar el muro fronterizo con México enfrenta un obstáculo en la región de Big Bend, Texas, donde propietarios de terrenos se oponen a la construcción y una jueza federal ordenó suspender temporalmente las obras
El proyecto forma parte de una estrategia de seguridad fronteriza que cuenta con un presupuesto de 46 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno prevé destinar 7 mil 500 millones a reforzar un tramo de más de 800 kilómetros en esta región.
Según un reporte de The Associated Press (AP), la resistencia de propietarios privados, las demandas judiciales y las protestas ante gobiernos locales han complicado los trabajos de la administración federal, que busca avanzar con la construcción pese a las objeciones por el impacto ambiental, el uso de terrenos y el gasto público.
¿Por qué se detuvo temporalmente la construcción del muro en Big Bend?
La construcción del muro fronterizo en Big Bend comenzó en septiembre, pero el proyecto encontró oposición entre propietarios que no quieren ceder terrenos para levantar barreras, abrir caminos de patrullaje o permitir trabajos de reconocimiento.
Una jueza federal ordenó detener temporalmente la construcción después de que los demandantes cuestionaran la autoridad utilizada por el gobierno para avanzar con las obras.
Los propietarios sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se excedió en sus facultades al emitir exenciones generales que permiten evitar regulaciones ambientales y otros requisitos.
David Keller, uno de los propietarios que presentó una demanda contra el plan, calificó la resolución como una noticia favorable para quienes buscan detener la construcción. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre el futuro de la orden obliga a mantener la oposición.
El gobierno federal solicitó que la jueza retire temporalmente la medida mientras se resuelve la apelación. Por ello, el alcance y la duración de la suspensión dependerán de las siguientes decisiones judiciales.
Big Bend registra menos detenciones que otros sectores de la frontera
Uno de los principales argumentos de los opositores es que la construcción del muro en Big Bend no responde a la intensidad de los cruces irregulares registrados en la zona.
En agosto, la Patrulla Fronteriza detuvo a 8 mil 870 personas en toda la frontera sur de Estados Unidos. De ese total, 161 detenciones ocurrieron en Big Bend.
La diferencia es uno de los puntos centrales de la controversia. Los propietarios y sus aliados consideran que el gasto previsto no corresponde al nivel de actividad migratoria registrado en el área y cuestionan que se utilicen recursos federales para construir barreras en una región con obstáculos naturales y baja incidencia de cruces irregulares.
La administración federal sostiene una postura distinta. Rodney Scott, comisionado de CBP, defendió el proyecto después de que los propietarios presentaran su demanda.
El pueblo estadounidense ya ha visto las consecuencias de una frontera sin protección”, afirmó. “No podemos permitir que ninguna región, incluida Big Bend, vuelva a ser aprovechada”.
Para el gobierno, las barreras forman parte de una estrategia integral que busca evitar que los cruces y las actividades de contrabando se concentren en zonas con menor infraestructura de vigilancia.
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¿Por qué los propietarios de Texas pueden frenar el muro?
A diferencia de otros sectores de la frontera, donde existen terrenos federales, una parte considerable de la tierra en Texas pertenece a particulares o al gobierno estatal. Esta situación obliga a las autoridades a obtener autorización para ingresar a los terrenos, realizar estudios y construir infraestructura. Cuando los propietarios se niegan a cooperar, el gobierno puede recurrir a los tribunales.
El mecanismo legal que permite al Estado adquirir propiedades privadas para destinarlas a un uso público, mediante el pago de una compensación, se conoce en Estados Unidos como dominio eminente.
El Departamento de Justicia informó que CBP ya había alcanzado acuerdos con decenas de propietarios de Big Bend. También señaló que la administración contrató abogados especializados en procedimientos de dominio eminente en Texas ante la posibilidad de nuevas disputas.
CBP sostiene que continuará buscando acuerdos voluntarios y que remitirá los desacuerdos al Departamento de Justicia cuando sea necesario.
La agencia también afirma que los propietarios recibirán una compensación, independientemente de cómo se obtenga el acceso a sus terrenos.
Más de 200 propietarios se organizan contra el muro
La oposición al proyecto no se limita a las demandas individuales. La coalición No Big Bend Wall, que afirma contar con una red de más de 200 propietarios, presentó una demanda para bloquear las obras.
La resistencia también se ha trasladado a las reuniones de los gobiernos locales, donde residentes y empresarios intentan evitar que las autoridades de los condados faciliten terrenos, caminos o instalaciones a las empresas contratistas.
Los residentes han organizado protestas, recorrido las zonas de trabajo para identificar posibles incumplimientos y colocado letreros en los que advierten a los contratistas que no son bienvenidos en determinados hoteles y restaurantes locales.
Estas acciones buscan elevar el costo operativo y político de la construcción, además de impedir que los gobiernos de los condados faciliten recursos o instalaciones a las empresas involucradas.
El gobierno advierte que detener las obras podría desviar los cruces irregulares
La administración Trump sostiene que la suspensión temporal de la construcción en Big Bend podría generar un efecto de concentración de los cruces irregulares y el contrabando.
En su presentación ante el tribunal, el gobierno argumentó que los segmentos sin infraestructura fronteriza suficiente podrían convertirse en puntos de paso para quienes intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos o trasladar mercancías ilícitas.
Los opositores, por su parte, sostienen que el proyecto no está justificado por los niveles de cruces registrados y cuestionan el uso de exenciones para evitar requisitos ambientales y otras regulaciones.
La discusión enfrenta así dos argumentos principales: el gobierno considera que la continuidad de las barreras es necesaria para mantener el control fronterizo, mientras que los propietarios cuestionan el gasto, la necesidad de las obras en Big Bend y la forma en que se pretende obtener acceso a los terrenos.
Por ahora, la construcción del muro en Big Bend no está cancelada de manera definitiva. Su continuidad dependerá de las decisiones de los tribunales, de la resolución de los conflictos sobre los terrenos y de la capacidad de las autoridades para avanzar con el proyecto dentro del marco legal.
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