Trump contrata empresas para cobrar multas migratorias a deportados en México: CBP destina hasta 36 millones de dólares para localizar personas y entregarles notificaciones
La medida genera una pregunta central: ¿Estados Unidos puede cobrar una multa migratoria a una persona que ya regresó a México?
El gobierno de Donald Trump amplió su estrategia para cobrar multas migratorias a personas que ya fueron deportadas de Estados Unidos. Para hacerlo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contrató a cuatro empresas privadas que deberán localizar a personas en México, Guatemala y Honduras, confirmar sus domicilios y entregarles notificaciones relacionadas con las sanciones pendientes.
Los contratos, adjudicados el 17 de agosto de 2026, tienen un valor máximo conjunto de 36 millones de dólares. Cada una de las cuatro compañías puede recibir hasta 9 millones: Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group.
La información fue documentada a partir de registros de contratación federal revisados por Project Salt Box y retomada por distintos medios.
La medida genera una pregunta central: ¿Estados Unidos puede cobrar una multa migratoria a una persona que ya regresó a México?
Por ahora, los propios documentos de contratación no ofrecen una respuesta completa.
¿Qué tendrán que hacer las empresas?
Los contratistas deberán realizar labores de localización y recuperación de pagos.
Entre sus tareas estará confirmar que la persona deportada vive en la dirección identificada y entregarle una notificación relacionada con la multa. Los documentos contemplan incluso obtener una fotografía como comprobante de la entrega.
Para encontrar a los destinatarios, las empresas podrán recurrir a distintas fuentes de información, entre ellas registros públicos, laborales, judiciales y documentos que permitan confirmar un domicilio.
La contratación no significa que estas compañías tengan facultades de policía o que puedan ejecutar por sí mismas un embargo en territorio mexicano.
Su función principal, de acuerdo con los documentos conocidos, es localizar a los deudores y gestionar la notificación y recuperación de las sanciones.
¿Por qué buscan a personas que ya fueron deportadas?
Las multas están relacionadas con órdenes de expulsión de Estados Unidos.
La legislación migratoria estadounidense contempla sanciones civiles para determinados casos en los que una persona incumple deliberadamente una orden de salida vigente. En ciertos supuestos, las multas pueden acumularse diariamente. Una decisión judicial estadounidense publicada en 2026 cita una sanción de hasta 998 dólares por día bajo la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Esto ayuda a explicar por qué algunas personas han recibido avisos con cantidades que ascienden a cientos de miles o incluso millones de dólares.
México concentra una parte importante de las multas
Los reportes sobre el programa señalan que México concentra la mayor cantidad de las multas que CBP pretende recuperar en los tres países incluidos inicialmente en el contrato.
Una investigación periodística sitúa en alrededor de 212 millones de dólares el monto correspondiente a personas ubicadas en México, frente a 76 millones en Guatemala y 68 millones en Honduras.
Sin embargo, otras publicaciones han señalado que el conjunto de multas pendientes de personas deportadas que forman parte de esta estrategia supera los 423 millones de dólares. Las diferencias responden a que se trata de estimaciones sobre distintos grupos de deudores y no de una cifra única que CBP haya presentado públicamente como recaudación garantizada.
¿Pueden embargar el dinero de una persona en México?
No de manera automática.
Que una persona reciba una notificación estadounidense no significa que una empresa privada pueda presentarse en su domicilio en México y ordenar un embargo.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece reglas para que las resoluciones jurisdiccionales extranjeras puedan ser reconocidas y ejecutadas en México. Entre otros requisitos, se contempla un procedimiento de homologación y la intervención de tribunales mexicanos para la ejecución coactiva.
Por ello, las empresas contratadas por CBP no adquieren por el simple contrato facultades judiciales dentro de México.
La situación sería distinta si existiera un procedimiento legal que permitiera reconocer y ejecutar una resolución extranjera conforme a las normas mexicanas aplicables.
El propio contrato reconoce un problema: ¿cómo pagar?
Hay otro obstáculo.
De acuerdo con los documentos de contratación revisados por Project Salt Box, CBP no había identificado un mecanismo para que las personas sin una cuenta bancaria estadounidense pudieran pagar las multas. La agencia dejó esa cuestión como parte del problema que los contratistas tendrían que resolver.
Los documentos también señalan que el gobierno estadounidense no cubriría determinados gastos de desplazamiento de los contratistas y que el pago a las empresas estaría relacionado con las personas efectivamente localizadas.
Esto significa que el gobierno de Estados Unidos ya destinó hasta 36 millones de dólares para el programa, pero no existe garantía de que recupere una cantidad equivalente en multas.
¿Las empresas ya trabajan para Trump?
Sí. Las cuatro compañías seleccionadas tienen antecedentes de contratos relacionados con la política migratoria estadounidense.
Global Recovery Group y Response AI Solutions han realizado labores de localización de personas para operaciones de inmigración. Response AI Solutions, además, mantiene contratos relacionados con verificaciones de bienestar de menores migrantes no acompañados. Caduceus y The Baptiste Group también han participado en servicios vinculados con estos menores.
Por ello, el nuevo programa aprovecha empresas que ya cuentan con experiencia en localización de personas y servicios contratados por agencias migratorias estadounidenses.
¿Qué significa esto para los mexicanos deportados?
Por ahora, lo confirmado es que las empresas pueden ser enviadas a México para localizar a personas deportadas y entregarles notificaciones sobre multas migratorias estadounidenses.
Lo que todavía no está claro es hasta dónde podrá llegar el gobierno de Estados Unidos para hacer efectivo el cobro dentro de territorio mexicano.
Una empresa privada no puede asumir automáticamente las facultades de una autoridad mexicana. Para una ejecución forzosa sobre bienes ubicados en México entrarían en juego las leyes nacionales, los tribunales mexicanos y los procedimientos aplicables al reconocimiento de resoluciones extranjeras.
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado, en el contexto de la relación bilateral, que la cooperación migratoria entre ambos países se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía y coordinación bilateral.
Por eso, recibir una carta de una empresa contratada por CBP no equivale por sí mismo a que puedan embargar bienes, retirar dinero de una cuenta mexicana o ingresar a un domicilio por la fuerza.
El programa ya existe y los contratos fueron adjudicados. Lo que todavía está por demostrarse es qué mecanismo utilizará Estados Unidos para convertir esas notificaciones en pagos efectivos dentro de México.
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