Estado de emergencia carcelaria en Perú: ¿Por qué el Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas en 5 penales y cómo busca frenar al crimen organizado?
Las autoridades aplican bloqueos tecnológicos, radares y vigilancia militar perimétrica para evitar que las bandas coordinen delitos desde prisión.
El Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia a cinco centros penitenciarios de alta peligrosidad en todo el país con el objetivo de contener la ola de inseguridad ciudadana.
La medida, oficializada mediante un decreto supremo citado por la agencia Reuters y complementada con reportes del Ministerio de Defensa de Perú, autoriza a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a tomar el control directo de las instalaciones durante un periodo de 60 días.
Esta acción busca neutralizar a las bandas delictivas que operan desde el interior de los penales y reducir los altos índices de violencia que afectan a la población.
La intervención estatal responde a un diagnóstico crítico del sistema penitenciario: los cinco recintos incluidos en la declaratoria concentran a cerca del 50% de los internos vinculados directamente a redes del crimen organizado.
Además de la presencia militar en los accesos, la norma le da facultad a las autoridades a intervenir en el espacio aéreo y en el espectro electromagnético inmediato de las cárceles para interceptar llamadas no autorizadas y bloquear el uso de drones.
¿Por qué el Gobierno decretó la emergencia en las cárceles?
El motivo principal de esta decisión es frenar la extorsión y la planificación de delitos que se coordinan desde las celdas hacia el exterior.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo peruano, las organizaciones criminales utilizan estos recintos como centros de mando para exigir pagos de cuotas y ordenar atentados en diversas regiones del país.
El contexto de violencia ha mostrado un incremento sostenido en las estadísticas oficiales. La tasa de homicidios en Perú alcanzó los 10.7 casos por cada 100,000 habitantes el año pasado, superando el 10.1 registrado en 2024.
Eventos recientes, como el ataque perpetrado por un grupo de sicarios disfrazados de policías en el norte del país, quienes asesinaron a cuatro personas y secuestraron temporalmente a un empresario minero, aceleraron la adopción de estas medidas de contención.
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¿Qué funciones cumplirán las Fuerzas Armadas y la Policía?
El plan gubernamental contempla una división de tareas entre las fuerzas de orden para garantizar una vigilancia integral en los penales seleccionados:
- Control interno: La Policía Nacional del Perú (PNP) lidera las requisas, la inspección de celdas y la custodia directa de los reclusos.
- Seguridad perimétrica: Personal de las Fuerzas Armadas asume la vigilancia externa y los accesos circundantes para evitar fugas, rescates o el ingreso de objetos prohibidos.
- Bloqueo tecnológico: Se aplican restricciones en el espectro electromagnético para anular la señal de telefonía e internet en el perímetro carcelario.
Tecnología de inspección en el penal Trujillo Varones “El Milagro”
Como parte de las primeras acciones operativas, el Ministerio de Defensa trasladó equipamiento especializado desde el Grupo Aéreo N.° 8 en el Callao hacia la región La Libertad.
Estas herramientas fueron transferidas por la Cancillería para reforzar los controles en el penal Trujillo Varones “El Milagro”, el cual se convirtió en la primera sede en implementar el cerco militar perimétrico.
Entre los equipos de inspección destinados a este centro destacan:
- Sistemas de ondas milimétricas: Para la detección de objetos ocultos bajo la ropa.
- Detectores de metales de alta precisión: Orientados al control de visitantes y personal.
- Escáneres de rayos X: Diseñados para la revisión exhaustiva de equipajes, paquetes y suministros que ingresan al recinto.
El Ministerio de Defensa confirmó que la llegada de este material busca respaldar el trabajo policial y garantizar que ningún elemento ilícito ingrese a las instalaciones.
¿Qué otras medidas busca aprobar el Ejecutivo peruano?
A la par de la intervención carcelaria, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días.
Esta solicitud tiene como fin emitir decretos para tipificar a las bandas de crimen organizado bajo el delito de terrorismo y autorizar planes de prevención ante las contingencias del fenómeno climático El Niño.
El pedido de facultades se encuentra actualmente en debate en el Parlamento. Sectores de la oposición han expresado reservas sobre el alcance de las medidas y han solicitado revisar en detalle los mecanismos de control para evitar excesos en el uso de la fuerza.
La discusión legislativa continuará en los próximos días mientras el despliegue militar opera en los recintos penitenciarios asignados.
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