Arrestan a mujer de Tijuana por tráfico de reptiles protegidos

San Diego, California.- Una mujer de Tijuana fue arrestada junto a un hombre de Chula Vista por presuntamente participar en un esquema de tráfico de reptiles protegidos a través de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron este martes autoridades de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

Georgina Bribiesca Chávez, de 66 años, compareció este martes ante una corte federal en San Diego para responder a un cargo de tráfico de vida silvestre, tras ser señalada por su presunta participación en una operación de varios años para introducir y sacar reptiles exóticos de Estados Unidos de manera ilegal.

Su presunto cómplice, Salvador Pelayo, de 28 años, fue arrestado en julio y enfrenta un cargo federal similar por tráfico de especies exóticas.

México

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Chávez fue arrestada la semana pasada mientras intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en un vehículo que transportaba decenas de reptiles ocultos, entre ellos cuatro víboras de pestañas venenosas de la variedad con manchas amarillas, tres caimanes, una cría de cocodrilo y más de 60 reptiles adicionales protegidos por tratados internacionales debido a la disminución de sus poblaciones a nivel mundial.

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Reptiles fueron hallados en un compartimento oculto

Según documentos judiciales, el 10 de agosto de 2026, Chávez solicitó ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro y declaró a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que no tenía nada que declarar.

Al verificar su identificación, el oficial descubrió que Chávez tenía una orden de arresto pendiente relacionada con una investigación de larga duración sobre tráfico de vida silvestre, por lo que fue puesta bajo custodia y su vehículo quedó incautado.

A la mañana siguiente, agentes de la CBP asignados al depósito de vehículos incautados inspeccionaron el Volkswagen rojo de Chávez y encontraron un compartimento oculto de fábrica detrás del asiento trasero.

El compartimento contenía fundas de almohada anudadas y selladas con cinta adhesiva. Una de ellas se movía, por lo que los agentes solicitaron refuerzos.

Más tarde ese mismo día, las fundas fueron trasladadas al Zoológico de San Diego para su revisión y manipulación. Personal del zoológico abrió cuidadosamente los paquetes y encontró 60 lagartijas Abronia, cuatro víboras de palma venenosas de manchas amarillas, tres caimanes, una cría de cocodrilo y una serpiente índigo.

Varias de estas especies están protegidas por tratados internacionales debido a que se encuentran en peligro de extinción o amenazadas”

Señalaron las autoridades federales.

Incluso después de su arresto, Chávez no informó a los agentes de la CBP sobre los animales vivos que transportaba en su automóvil, por lo que permanecieron abandonados durante casi 24 horas bajo el calor de agosto en San Ysidro.

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Los tres caimanes murieron antes de que el Zoológico de San Diego pudiera brindarles atención. Hasta la semana pasada, los animales restantes se encontraban estables y bajo el cuidado del zoológico.

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Los animales habrían sido vendidos en Estados Unidos

Estos animales no eran mercancía; eran seres vivos sometidos a condiciones peligrosas con fines de lucro”

Dijo el fiscal federal Adam Gordon.

De acuerdo con las autoridades federales, se cree que Pelayo y Chávez traficaron juntos con fauna silvestre exótica durante varios años. Los documentos judiciales sostienen que obtuvieron decenas de miles de dólares en ganancias mediante la venta de los animales a compradores en Estados Unidos.

Según los registros judiciales, en algunas ocasiones adquirían ejemplares de fauna protegida originarios de Estados Unidos y los exportaban a México, donde clientes locales compraban estos animales poco comunes.

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Ambos acusados se declaran no culpables

La jueza federal Jill L. Burkhardt ordenó que Chávez permanezca detenida sin derecho a fianza mientras se desarrolla el proceso, durante la audiencia de este martes.

Tanto Chávez como Pelayo se declararon no culpables de los cargos en su contra. De ser declarados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.